PP y Vox se desmarcan de una reforma legal que apoyaron y que acelerará la excarcelación de 44 presos de ETA

Un cambio legal que acelerará la salida de prisión de medio centenar de presos de ETA ha desatado este lunes una gran polémica, pese a que fue aprobado el pasado 18 de septiembre en el Congreso de los Diputados y con el apoyo de PP y Vox.

La reforma tiene su origen en una directriz europea. En concreto, Europa estableció que no se puede cumplir la misma condena en dos países, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una disposición en 2014 para poder esquivar este criterio con los presos de ETA.

Así, el mes pasado, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó, con el apoyo de los partidos de derecha, una enmienda de Sumar en la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales para suprimir esta excepción, que impedía que estos presos pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.

Este lunes, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha advertido de que este cambio legal permitirá a 44 presos de ETA salir antes de prisión, tras lo cual PP y Vox se han retractado y han advertido de que votarán en contra este martes en el Senado.

El pleno de la Cámara Alta tiene previsto votar este martes la reforma de la ley, pero aunque se muestre mayoritariamente en contra, el proyecto quedará aprobado y publicado en el BOE, ya que, al no haber sido presentadas enmiendas durante su tramitación en el Senado, la votación del martes es meramente testimonial.

El PP tiene mayoría absoluta en esa Cámara, pero su nueva posición es tardía, dado que, al igual que Vox, no solo votó a favor del texto en el Congreso, sino que no presentó enmiendas en el Senado.

Reacciones políticas

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido de que tanto PP como Vox han apoyado la reforma y ha destacado que su tramitación parlamentaria ha sido "absolutamente pacífica".

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha manifestado que la reforma es "una transposición" de una directiva europea. "Que fue aprobada por unanimidad, hasta por la extrema derecha española en Europa", ha sentenciado. "Tiene que ver con los derechos fundamentales, esto es lo que ha hecho el Gobierno, es una directiva y fuente de derecho europeo", ha recalcado para incidir en que es una "transposición".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, entrevistada en Onda Vasca, ha negado que la coalición haya negociado dicha reforma con el Gobierno español: "Si hablamos de Ley Mordaza, hablamos de Ley Mordaza, si hablamos de presupuestos, hablamos de presupuestos, y así sucesivamente". "Cada vez que hablamos de presupuestos, vamos por contenido, el tema de los presos nunca ha entrado, nunca, jamás, en absoluto", ha concluido.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha reiterado su respaldo a la reforma. En declaraciones a los periodistas, Ortuzar ha recordado que se trata de transponer una normativa europea "que no hace distingos" entre tipos de presos, y ha subrayado que "ya no hay un régimen de excepcionalidad ni en el Estado español ni en Europa".

"La transposición de la normativa europea debe tener y mirar a todas las personas por igual, y nosotros creemos que el texto que se está tramitando es conforme al Derecho europeo y al Derecho español", ha señalado el presidente del EBB. Por ello, ha asegurado que ellos dieron su sí "conscientemente" a la reforma de la Ley en el Congreso, este martes la volverán a apoyar en el Senado y lo seguirán haciendo "a lo largo de la tramitación que quede pendiente".

El PSOE ha subrayado que la cuestionada enmienda de Sumar que se incorporó al texto reproduce literalmente la redacción del proyecto de ley que el Gobierno de Mariano Rajoy remitió en su momento a las Cortes y que, además, recoge el criterio fijado por el Consejo de Estado.

En concreto, fuentes del Grupo Socialista han indicado que la enmienda del grupo confederal "reproduce de manera literal la que recogía el Proyecto de Ley que el Gobierno del PP remitió originalmente a las Cortes Generales" y que, además, "recoge el criterio del Consejo de Estado en su informe preceptivo".

Desde Sumar, su portavoz adjunto, Enrique Santiago, ha explicado que su enmienda buscaba "corregir una discriminación" para que los españoles tengan un tratamiento igualitario en la aplicación del derecho comunitario europeo.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha lamentado la introducción de enmiendas "que no tienen nada que ver" con el texto de una ley, al ser preguntado por cómo el PP no previó esta situación y votó a favor de algo de lo que está en contra.

Ha añadido que se produjo un "error generalizado" en el que incurrió todo el Congreso y ha insistido en que ante esta "jugarreta" del Gobierno español su formación hará todo lo que esté en sus manos desde el punto de vista político y jurídico. "Para nosotros es un tema crítico, no va a quedar así", ha sentenciado.

La portavoz del partido de ultraderecha Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asumido el "error" cometido por su grupo parlamentario a haber apoyado durante su tramitación en la Cámara Baja la reforma. Además, ha pedido al PP que impida que el Pleno del Senado vote mañana esta reforma.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Millán ha traslado sus "más sinceras disculpas" por lo sucedido y, tras reconocer el error, ha querido dejar claro que ni siquiera votando en contra habrían podido evitar que saliese adelante pues el resto de grupos la apoyaron.