Un informe jurídico municipal desestima la petición de derribo del Monumento a los Caídos

Un informe jurídico municipal desestima la petición realizada en octubre por algunas asociaciones memorialistas para iniciar la tramitación del derribo del Monumento a los Caídos.

La Ley de Memoria Democrática de 2022 no obliga a derribar el edificio-conjunto monumental por lo que las normas de catalogación del Plan Municipal siguen en vigor y, por tanto, para cualquier intervención, se requerirá un proceso de modificación de esas normas con un informe preceptivo y vinculante de la Institución Príncipe de Viana y, en su caso, la aprobación en Pleno.

Esta es la conclusión a la que ha llegado el Ayuntamiento de Pamplona a través de su asesoría jurídica, según informa en un comunicado en el que explica que el informe se realizó después de que, a mediados de octubre, algunas asociaciones memorialistas instaran al inicio del procedimiento administrativo para el derribo del monumento.

En su solicitud argumentaban que la disposición derogatoria de la Ley de Memoria Democrática dejaba fuera de ordenación el monumento al anular de forma sobrevenida sus normas de protección.

Para las asociaciones, con su carácter de símbolo franquista y una vez fuera de ordenación, la única actuación posible del Ayuntamiento sobre el conjunto era el derribo, una argumentación rechazada por los servicios jurídicos municipales.

El informe municipal explica que la ley estatal no impide la regulación navarra, que sería en realidad la de referencia al caso, pero, aun así, dice el informe, la Ley de Memoria Democrática "no obliga al Ayuntamiento de Pamplona a derribar el edificio de los Caídos".

El monumento forma parte del Censo de Símbolos del Franquismo. El Gobierno de Navarra aceptó en 2016 para todo el censo las recomendaciones de la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica para la retirada de simbología.

El informe actual incide en que de la norma de 2003 y por analogía, del resto, "no se deduce la obligación de que todos los edificios y monumentos levantados durante el régimen franquista con el propósito, principal o secundario, de exaltar ese régimen deban ser derribados".

Su redacción, apunta, "da por supuesto que los edificios se mantienen y son únicamente los símbolos los que deben retirarse". Y en su caso, depositados en la Institución Príncipe de Viana para su conservación si tuvieran interés histórico-artístico.