El Gobierno español aprueba la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y pide el máximo consenso

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley presentado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para reformar las leyes de discapacidad y dependencia, que incluye entre otras medidas, el reconocimiento de la teleasistencia como derecho universal para todas las personas con dependencia, el reconocimiento automático del 33% de discapacidad a las personas con algún grado de dependencia y la supresión de las incompatibilidades entre las prestaciones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro Bustinduy ha reclamado el mismo consenso que permitió la reforma del articulo 49 de la Constitución en las Cortes, para que "vea la luz cuando antes". 

Bustinduy ha afirmado que esta reforma "acaba con los recortes del Partido Popular, blinda el sistema de la dependencia y diseña un modelo de cuidados que fortalece el estado del bienestar y lo proyecta hacia las necesidades del siglo XXI".

En sus palabras, el desafío "no es solo atender a más personas" sino "hacerlo de tal manera que se garantice el derecho al bienestar, el derecho a la autonomía, el derecho a una vida independiente" y "avanzar hacia un modelo que permita que las personas permanezcan en su domicilio" el tiempo que lo deseen, con los apoyos y los servicios necesarios. De hecho se espera que la ley de dependencia pase a ser conocida como ley "de la autonomía".

La reforma establece condiciones mínimas y básicas, y todo lo que plantea es de obligado cumplimiento. Entre otras medidas, el ministro ha destacado que se aprueban dos derechos: el derecho a la teleasistencia, que pasa a ser entendido como un derecho subjetivo, con un enfoque preventivo; y el derecho a la accesibilidad universal, como requiere el artículo 49 de la Constitución.

Además, se busca "agilizar los procesos administrativos, evitando sobrecargas burocráticas" y, por ello, la reforma incluye medidas como la asimilación de las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia (en cualquier grado) a una discapacidad del 33%.

Asimismo, con el objetivo de "eliminar rigideces e ineficiencias" y mejorar la "flexibilidad" del sistema, el anteproyecto suprime el régimen de incompatibilidades entre distintas prestaciones que, según recuerdan fuentes del Ministerio, fue "impuesto con los recortes de 2012". Esta medida permitirá a las personas recibir varias ayudas simultáneamente, por ejemplo, el centro de día y la ayuda a domicilio.

Al mismo tiempo, se establece un procedimiento de urgencia para situaciones de especial vulnerabilidad en caso de demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica, factores que permitirán reordenar el tratamiento de los expedientes.

Bustinduy ha destacado que es "una reforma ambiciosa" y "extraordinariamente positiva" para el cambio del modelo de cuidados, y ha asegurado que "va acompañada de un esfuerzo sin precedentes en la financiación de la dependencia". En ese sentido, el ministro ha desmentido "categóricamente" que se hayan congelado los fondos para la dependencia en 2024 y ha destacado que, pese a la prórroga presupuestaria, se incrementaron en 213 millones de euros y se completaron transferencias a las comunidades de los fondos europeos por más de 2.000 millones de euros.