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El Supremo mantiene suspendido el voto a los nacionalizados por la 'ley de nietos' aunque ahora vivan en España

La medida afecta a más de 163 000 nacionalizados. La resolución establece una única excepción para quienes acrediten documentalmente su condición de descendientes de exiliados antes de la jornada de votación, el 29N.
(Foto de ARCHIVO)

Fachada del Tribunal Supremo, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España).



Eduardo Parra / Europa Press

06/10/2026
Tribunal Supremo. Foto de archivo: Europa Press

El Tribunal Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central (JEC) que garantice que las 163 355 personas nacionalizadas por la 'ley de nietos' no puedan votar incluso aunque ahora residan en España, salvo las 901 que si acreditaron ser descendientes de exiliados o lo certifiquen antes del 29N.

La Sala de lo Contencioso ha tomado esta decisión a la vista de las alegaciones presentadas por Iustitia Europa y Vox tras un informe del Instituto Nacional de Estadística, que redujo de 163 355 a 113 326 los afectados por la suspensión tras percatarse de que en esa cifra había menores, personas duplicadas o quienes, incluso, estaban ya inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) con anterioridad a la aprobación de la ley de nietos.

En este sentido, el tribunal ha dictado una providencia en la que mantiene la suspensión del voto para los 163 355 afectados, incluso aunque ahora vivan en España y figuren inscritos en el Censo de Electores Residentes, algo que no había hecho hasta ahora.

Así, recuerda a la Junta y a la Oficina del Censo Electoral Central que "deberán estar a lo acordado" en los autos en los que acordó y ratificó la suspensión cautelar del derecho al voto a los nacionalizados por la ley que no acreditaron esas razones de exilio.

En concreto, ordena garantizar a sendos organismos que "ninguna de las 163 355 personas incluidas puedan figurar como electores en el Censo Electoral, sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España, con excepción de las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular".

Además, la Sala declara improcedentes el resto de peticiones hechas por las partes, bien porque aluden a los recursos que han sido resueltos, bien porque se trata de peticiones de información o de adopción de medidas que forman parte de la competencia de la Junta Electoral Central, siendo a ella a quien deben dirigirse.

Iustitia Europa instó al Supremo a corregir el acuerdo de la Junta que levantó la suspensión del uso de la aplicación MiDNI para identificarse y votar con el DNI electrónico, tras garantizar el Ministerio del Interior que las mesas electorales tendrán los medios técnicos para verificar la identidad de los electores.

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