El Gobierno de España aprueba la regularización de migrantes que exige carecer de antecedentes

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto para la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes, un texto en el que se exige carecer de antecedentes penales "y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos".

Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno de España y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha dejado claro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se trata de "un acto de coherencia ética y de justicia social" y "uno de los grandes hitos" de esta legislatura.

Ha recordado que los interesados podrán empezar a solicitar la regularización a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando podrán acudir en persona a formalizar su petición. Será el 30 de junio la fecha límite para presentar la solicitud por cualquiera de las dos vías.

Un proceso que podrá regularizar a miles de personas que ya residen en España, que "conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones", ha recalcado la ministra.

Para Saiz, la regularización cuenta con una "triple legitimidad"; la social -fue una iniciativa legislativa popular avalada por 700 000 firmas apoyadas por más de 900 asociaciones; la política -su toma en consideración fue apoyada por 310 diputados-; y económica -apoyada por sindicatos y empresarios y por sectores como la agricultura, la construcción y el transporte, que "llevan años remando en esta dirección", ha recalcado.

La portavoz ha subrayado el informe del Consejo de Estado, que ha avalado que el proceso se haga por vía de reglamento y "ha valorado positivamente los objetivos generales de la regularización: integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa".

Podrán pedir su regularización las personas que se encuentre en el Estado español desde antes del 1 de enero de 2026 y que hayan permanecido en España al menos cinco meses ininterrumpidos en el momento de la solicitud. 

Además, sera indispensable carecer de antecedentes penales, y no suponer una amenaza para la orden o la seguridad públicos, y la acreditación deberá hacerse con documentos verificables.

Plan operativo 

Tras asegurar que hay mucha gente esperando este proceso, la ministra ha resaltado el "muchísimo trabajo y cariño" que se ha puesto en esta iniciativa para que "esté a la altura del reto que supone".

Habrá habilitadas unas 450 oficinas en todo el territorio nacional, con 550 profesionales extra formados y habilitados para atender a las personas, tramitar solicitudes, estudiar expedientes, solicitar subsanaciones o nuevos documentos y resolver la autorización, y "dispuestos siempre a echar una mano", ha señalado la ministra.

"Queremos que salga bien, nos hemos dejado la piel en el proceso", ha apostillado la ministra.