El Gobierno aprueba los presupuestos con un ajuste de 27.300 millones
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de presupuestos generales del Estado para 2012, los más austeros de la democracia, con un ajuste de 27.300 millones, que se lograrán tanto por la vía del gasto como por la de los ingresos, ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Por el lado de los gastos ha anunciado un "ajuste drástico" de los ministerios, que será del 16,9%, mientras que por el de los ingresos el Gobierno ha anunciado una regularización fiscal a través de la que espera recuadar 12.314 millones de euros con las subidas de impuestos aprobadas para este año, como el IRPF, el IBI o el Impuesto de Sociedades.
Además, se congelará, no se rebajará, el sueldo de los funcionarios, no se recortará el gasto en prestaciones por desempleo y se mantendrá asimismo el gasto en otras partidas sociales, como las becas.
"Hemos empezado por ajustar las cuentas en casa", ha dicho Sáenz de Santamaría en relación al "ajuste drástico" del gasto de los ministerios.
"Estamos en una situación límite en lo que afecta a las cuentas públicas y al desempleo", ha dicho Sáenz de Santamaría tras la reunión del Gobierno en la que se ha aprobado el anteproyecto, que será remitido el próximo martes al Congreso de los Diputados.
El objetivo de los presupuestos será cumplir con la cifra de déficit público comprometida con Bruselas, el 5,3% del PIB, una vez superada la propuesta del Ejecutivo del 5,8%.
12.314 millones, en subida de impuestos
El Estado recaudará 12.314 millones de euros este año con la subida de impuestos, según ha anunciado en la misma rueda de prensa el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
A las subidas anunciadas en diciembre del IRPF, el impuesto sobre los rendimientos del capital y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), se suma ahora el aumento del impuesto de sociedades para las grandes empresas, que en la práctica supondrá una subida de este tributo.
Asimismo, ha anunciado el establecimiento de un "gravamen especial" del 10% para regularizar las rentas no declaradas, tanto para las que vengan de fuera como para las que afloren en España, lo que en la práctica puede suponer una amnistía fiscal.
De esta forma el capital que retorne a España sólo tendrá que pagar ese "gravamen especial" del 10%, quedando así exonerado de cualquier penalización o sanción.
Los contribuyentes que así lo deseen y afloren el capital oculto quedarán regularizados a cambio de pagar un 10%, un procedimiento que, según el ministro, recomienda la propia OCDE en países con especiales dificultades económicas.
"España será fiable en 2012 por el cumplimiento del 5,3% como máximo del déficit", ha dicho Montoro, para quien gracias a esta fiabilidad se podrá ver "pronto" la recuperación económica.
Para ello, se acometerá un ajuste "muy duro" que significa "renunciar a muchos programas de gasto" como forma de equilibrar "cuanto antes" los Presupuestos.
Ajuste en el sector eléctrico
La subida de la luz, que se sitúa en la parte alta de la horquilla de entre el 5 y el 7% anunciada por el Gobierno, permitirá aumentar los ingresos del sistema en 1.400 millones de euros, según ha informado hoy el Ministro de Industria, Comercio y Energía, José Manuel Soria.
Para las grandes y medianas empresas, la luz se encarecerá entre el 0,91 y el 4,1%, ha apuntado Soria, quien ha asegurado que de no haber adoptado reformas la TUR eléctrica debería haber subido un 40%.
El recorte de costes pretende que haya una contraprestación más "más justa y equilibrada" por los gastos que generan, entre otras cuestiones, la distribución y el transporte, ha añadido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Ajuste en el sector del gas
Adicionalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado reformas en el sector del gas, según Soria, quien ha explicado que la TUR del gas subirá una media del 5% y ha subrayado que de no haber tomado estas decisiones, el aumento hubiera sido del 13,3%.
Estas modificaciones pasan por la suspensión de la puesta en marcha de nuevas regasificadoras en la Península, así como de la autorización administrativa de gasoductos planificados o la modificación en la retribución de los almacenamientos subterráneos.
Según Industria, con la caída de la demanda y el intenso ritmo inversor que se ha mantenido en los últimos años, el incremento de la tarifa del gas ha resultado insuficiente para satisfacer los costes, lo que ha generado un déficit de 300 millones a cierre de 2011, cifra que superaría los 500 millones este año si no hubiera reformas.
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