Suspenden hasta el miércoles el juicio por el fraude de Hacienda

El presidente del tribunal encargado del caso del presunto fraude en la Hacienda de Irun, Iñaki Subijana, ha suspendido hasta el próximo miércoles el juicio por este fraude para analizar las peticiones de anulación planteadas hoy por las defensas de José María Bravo y Rosa cobos, dos de los tres imputados.

Subijana ha adoptado esta decisión después de que los abogados de Bravo y Cobos plantearan presuntos "vicios de nulidad" durante el trámite de cuestiones previas al inicio del juicio oral.

Tanto el fiscal Javier Larraya como el abogado Miguel Alonso Belza, que ejerce la acusación particular en representación de las Juntas Generales y la Diputación de Gipuzkoa se han opuesto a la petición de las defensas.

El tribunal deberá ahora deliberar sobre las cuestiones planteadas por las partes antes de desvelar si asume o no las peticiones de las defensas en la reanudación del juicio, el próximo miércoles.

Piden la suspensión del juicio

Las defensas de José María Bravo y de Rosa Cobos, principales imputados por el fraude de la Hacienda de Irun, han solicitado la suspensión del juicio que se ha iniciado hoy en su contra, al entender que se han producido "vicios de nulidad" durante las diligencias informativas y la instrucción del proceso.

Jesús Urraza y Mari Cruz López Gascón, letrados de Bravo y Cobos respectivamente, han hecho esta petición en el trámite de cuestiones previas al inicio de la vista oral que tiene lugar en la Audiencia de Gipuzkoa.

Durante este trámite, Urraza ha explicado que Hacienda no incoó formalmente un expediente disciplinario para investigar la actuación de Bravo, por lo que la información que la institución foral puso inicialmente a disposición de la Fiscalía se obtuvo sin respetar las "garantías" que asistían a su defendido.

Urraza ha opinado asimismo que el Ministerio Público realizó labores que deberían haber correspondido al juez instructor, al tiempo que ha denunciado que durante la investigación de la Fiscalía no se respetaron los "derechos" de Bravo, ya que entre septiembre de 2006 y abril de 2007 se practicaron diligencias sin su conocimiento hasta que fue detenido para prestar declaración en sede judicial.

El letrado ha recordado también que la Fiscalía no investigó sólo los dos casos por los que se presentó la denuncia inicial sino que se revisó el "histórico" de los expedientes en los que intervino Bravo, lo cual lo convirtió el asunto en un "causa general".

El abogado ha considerado asimismo que el "impulso" a la investigación en las diligencias informativas vino dado, en su opinión, por la actuación de la Policía Judicial, en vez de por la Fiscalía.

Ha reprochado también el mantenimiento del secreto de sumario, durante dos años, sobre una pieza separada del caso sin que se hubiera decretado su prórroga; ha defendido que el auto de transformación de las diligencias provocó "inseguridad jurídica" a su cliente, y ha mantenido que parte de los hechos imputados a su defendido se encuentran prescritos.

Por su parte, Mari Cruz López Gascón, abogada de la esposa de Bravo, Rosa Cobos, ha solicitado también la nulidad del proceso por causas similares a las expuestas por Urraza.

En este mismo trámite el fiscal, Javier Larraya, se ha opuesto a ello, tras recordar las facultades del ministerio público para investigar presuntos actos delictivos.

Larraya ha indicado que no es necesaria la declaración de los sospechosos durante el proceso de diligencias informativas de la Fiscalía y ha negado que se produjera indefensión a Bravo o que haya "indeterminación" en los hechos imputados a los acusados, al tiempo que ha defendido que el asunto no está prescrito.

La acusación particular, que ejerce Miguel Alonso Belza, en representación de la Diputación Foral y las Juntas Generales de Gipuzkoa, también se ha opuesto a la nulidad de las actuaciones.

Bravo contestará a todas las partes personadas en el caso durante el juicio, según ha anunciado a EFE su abogado, Jesús Urraza. De esta manera, Bravo no se acogerá a su derecho a no declarar o a responder únicamente a las preguntas de su letrado, como contempla la Ley.

30 años de cárcel

Bravo se enfrenta a un petición de pena de 30 años de cárcel, hecha por la Diputación Foral y las Juntas Generales. Y esto después de que en las últimas horas se haya anulado un pacto entre acusado y Fiscalía que hubiera conllevado una reducción importante en la petición de pena, algo a lo que las instituciones guipuzcoanas se han negado de plano.

La Fiscalía de Gipuzkoa pide para Bravo penas que suman 24 años y 3 meses de cárcel por diferentes delitos de malversación, prevaricación, estafa, usurpación, receptación e insolvencia punible.

Asimismo, solicita diez años y un mes para Cobos, por malversación, receptación e insolvencia punible, y un año y medio para Pedro Atristain, por receptación.

La Fiscalía solicita diferentes penas de inhabilitación para Bravo y su mujer, así como multas que superan los dos millones de euros para cada uno de estos dos procesados.

Bravo está acusado de apropiarse de unos dos millones de euros mediante el cobro de deudas tributarias a contribuyentes morosos que, luego, no eran ingresadas en Hacienda foral. La esposa está considerada como colaboradora de su marido, mientras que a Atristain se le acusa de receptación.