El Gobierno de Rajoy acudirá al Constitucional por el pago de la extra
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado este viernes que el Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido plantear un conflicto de competencias con el Gobierno Vasco en relación al abono de la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios y empleados públicos el próximo mes de diciembre.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha dicho que han decido plantear el correspondiente conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, y "requerir al Consejo de Estado para que informe sobre el mismo en el plazo de tres días". Ha añadido que, una vez el Consejo de Estado informe, el Gobierno formalizará el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
El objetivo es que el próximo pleno del TC decida la admisión a trámite de este asunto ya que, de hacerlo, supondrá la suspensión de esta paga durante al menos cinco meses. Este es el tiempo que tendrá el Tribunal para ratificar o levantar esta suspensión, según ha explicado el Ejecutivo, a la espera de una resolución del conflicto.
Ha recalcado que éste será el procedimiento que se siga contra todas aquellas comunidades que "incumplan la legislación del Estado".
Otras comunidades como Extremadura han avanzado que pagarán la extra a los funcionarios en el mes de enero mediante el adelanto de la paga de verano, y Navarra lo está estudiando.
El Gobierno Vasco rechaza las amenazas por el abono de la extra
El Gobierno Vasco ha considerado una actitud incalificable que algunos responsables del Gobierno central pretendan intimidar a funcionarios públicos para influir de forma ventajista en un conflicto jurídico y político, según ha informado el Ejecutivo vasco en una nota.
Además, el Gobierno Vasco ha afirmado que "ha actuado con total responsabilidad y coherencia en la cuestión de la paga extra de Navidad de los empleados públicos. En julio inició el procedimiento de recurso al Tribunal Constitucional contrael Real Decreto Ley 20/2012, por vulnerar competencias atribuidas a laComunidad Autónoma y por intentar aplicar una interpretación abusiva delo que debe ser legislación básica, y ha decidido aplicar una leyvigente, como es la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para2012, siguiendo el criterio de un informe muy sólido de nuestrosservicios jurídicos", señala el escrito.
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