Europa mantiene una multa de 64 millones para las haciendas vascas

La Comisión Europea (CE) ha mantenido hoy su solicitud de imponer una de las dos multas que reclamaba por las llamadas 'vacaciones fiscales' vascas, que podría superar los 64 millones de euros. Asimismo, recuerda que faltarían de devolver 278.000 euros en intereses. La CE admite, no obstante, que el montante principal de las ayudas ha sido recuperado.

El Ejecutivo comunitario sostiene que es necesaria una "medida disuasoria" porque han pasado 12 años desde que la CE declaró el régimen vasco ilegal y "es el segundo país con más casos por recuperar", ha explicado el representante de la Comisión, Carlos Urraca, en una vista oral celebrada hoy ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La medida disuasoria que pide Bruselas es la imposición de una suma a tanto alzado de 25.817,4 euros al día a contar desde el 14 de diciembre de 2006, cuando el Tribunal pronunció una primera sentencia en la que daba la razón a la CE sobre la ilegalidad de las ayudas y pedía su recuperación.

Si se multiplica esa cantidad por los casi siete años que han pasado desde entonces, el montante total asciende a unos 64 millones de euros, y podría ser aún superior en función de la fecha final que tome como referencia el Tribunal para el cálculo, en caso de que decida imponer la multa.La Comisión Europea (CE) ha admitido hoy ante el Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo, que la mayor parte de las ya han sido recuperadas, lo que permitiría a las diputaciones forales evitar la multa millonaria que reclamaba el Ejecutivo comunitario.

La mayoría de las ayudas, recuperadas

La CE admite, no obstante, que el montante principal de las ayudas ha sido recuperado (509 millones de euros) y concreta que el último pago de devolución se efectuó el pasado 19 de julio, pero también recalca que aún quedan pendientes 278.000 euros en intereses que afectan a 8 empresas de Araba.

Como reconocimiento a este esfuerzo sí considera que podría dejarse caer la segunda sanción económica que pedía, y que aunque suponía una cuantía por día superior (de 236.044,8 euros), en total implicaba una penalización menor porque no empezaría a contar hasta que el Tribunal pronuncie su próxima sentencia, mientras que la otra multa computa desde 2006.

Las diputaciones, discrepan

El diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), ha considerado que la cuantía de la multa que pide la Comisión "no corresponde a lo que ha sucedido".Ha explicado que las empresas vascas tenían derecho a acogerse a los beneficios fiscales ordinarios que existían en el Estado español, una vez se eliminaron las ayudas consideradas ilegales.

"Aceptamos que la sentencia dice que son ilegales, pero podemos aplicarle los criterios y los descuentos que se habrían aplicado con la legislación ordinaria, y esa es la discrepancia entre la Comisión y la defensa que hemos hecho hoy", ha aclarado el diputado general alavés.

La abogada general del Estado español, Nuria Díaz Abad, que ha intervenido también en representación de las tres diputaciones, ha hecho hincapié en que se ha recuperado todo el dinero que la CE entendía que se tenía que cobrar, incluso sin estar de acuerdo con la cuantía.

La decisión, en 2014

Tras la vista de hoy, la Corte tendrá que concluir si España merece una multa como reclama el Ejecutivo comunitario y, en ese caso, a cuánto ascenderá la sanción.

La decisión, que dependerá de 15 jueces y podrá demorarse más de un año, pondrá fin a una década de litigio.

Las ''vacaciones fiscales'', declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de la UE, es el nombre con el que se conoce a una serie de ayudas concedidas por las tres diputaciones forales de la CAV a las empresas nuevas de esta comunidad en los años 90.

Aunque la posible multa de la UE iría dirigida al Reino de España, probablemente al final deberían responder las diputaciones forales.