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El Gobierno Vasco destina casi 17 millones a la formación continua

Por otro lado, recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma de este órgano impulsado por el PP que permite sancionar a quien incumpla sus sentencias.
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Aprobado el Proyecto de Ley de Formación Profesional

El Gobierno Vasco ha aprobado hoy destinar 16,9 millones de euros en 2016 al programa de ayudas a la formación de personas trabajadoras ocupadas gestionado por Hobetuz, la fundación vasca para la formación profesional continua.

El Ejecutivo ha decidido tramitar de forma anticipada este expediente de gasto, que en el ejercicio 2015 no se aprobó, para garantizar su desarrollo en 2016 "lo antes posible".

El Gobierno Vasco acordó a principios de este año no aprobar la partida de 2015 hasta analizar cómo adecuar la convocatoria a la nueva normativa estatal que ha reforzado la transparencia y la capacidad sancionadora y ha creado una unidad especial de inspección para evitar el fraude en los cursos y la obtención irregular de ayudas.

Ha añadido que respecto al programa de ayudas aprobado hoy no ha habido ningún informe jurídico contrario a su legalidad, lo que significa que tiene el "visto bueno" y se adecúa al ordenamiento legal.

La formación continua se dirige tanto a la demanda, que incluye las acciones formativas de las empresas; como a la oferta, que comprende los planes de formación para trabajadores ocupados.

Recurso ante el Constitucional

Por otro lado, el Gobierno Vasco ha autorizado hoy recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma de este órgano impulsado por el PP que permite sancionar a quien incumpla sus sentencias al considerar que se trata de una medida "ilegítima, inadmisible y desproporcionada".

El pasado 15 de octubre el Senado aprobó con el apoyo en solitario del PP esta reforma, justo el día en el que el presidente catalán en funciones, Artur Mas, declaraba como imputado por la consulta del 9N.

Erkoreka ha denunciado que con esa modificación el Gobierno español ha otorgado al TC un poder de tal magnitud que lo sitúa "por encima del resto de órganos constitucionales".

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