La plantilla de Vicinay sospecha que el empresario tiene más interés en los terrenos que en la actividad industrial

El Comité de Empresa de Vicinay se opone al expediente de regulación de empleo propuesto por la dirección de la empresa a la que acusa de no tener interés en la actividad industrial y de haber hecho una mala gestión, además de cuestionar los verdaderos intereses del inversor Dámaso Quintana vistos cuál es "la actividad que tiene” y que se trata de un "terreno goloso, con salida al mar”. 

Los trabajadores y trabajadoras de Vicinay se han movilizado esta mañana por el mantenimiento del empleo y para reclamar al Gobierno Vasco su implicación. En un comunicado ante los medios, en términos similares a los expuestos por LAB, han aseverado que Lakua y las diputaciones han destinado 15 millones a la empresa y que, por ello, es necesario conocer “qué compromisos se asumieron y qué garantías existen para el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo”.

La plantilla de Vicinay no acepta que nuevos ajustes sean cargados sobre sus espaldas. Han asegurado que ya han soportado ERTEs y acumulan largos periodos de inactividad. La empresa ha planteado comenzar las negociaciones el día 9 de noviembre, con una duración de un mes. Previamente, el día 5, celebrarán una reunión con el Gobierno Vasco.

Recuperar la actividad

En declaraciones ofrecidas esta mañana a los medios de comunicación, el Presidente del Comité de Empresa, Víctor Salinas, ha abogado por construir el futuro de la empresa “desde la base de recuperación de actividad, la llegada de nuevos pedidos, inversiones productivas y el mantenimiento del empleo”, y ha manifestado el rechazo de la clase trabajadora que seguir haciendo sacrificios que, ha asegurado, ya han hecho durante años: “los sacrificios realizados durante años deben servir para continuar con la empresa, no convertirse en el precedente de nuevas medidas que pongan en peligro los puestos de trabajo”.

Salinas ha destacado de que no afecta únicamente a 60 personas: se trata únicamente de una empresa con 150 años de historia y 128 trabajadores, y “genera incertidumbre para el resto de la plantilla, y tiene consecuencias en el conjunto de Sestao y de Ezkerraldea”.