Las claves de la polémica reforma laboral francesa
La reforma laboral promovida por el Gobierno del presidente francés, François Hollande, ha puesto en pie de guerra a sindicatos, patronal, partidos progresistas y conservadores y ha provocado grandes manifestaciones y protestas, a un año de que se celebren las elecciones presidenciales y con la popularidad del jefe de Estado por los suelos, con una desaprobación récord de ocho de cada diez ciudadanos.
A la reforma se le reprocha, entre otros puntos, acabar con la igualdad de negociación entre empleados y empresarios al otorgar primacía a los acuerdos en las empresas por encima del convenio colectivo, es decir, que los acuerdos en las empresas puedan sustituir a los convenios colectivos fijados a nivel nacional.
Esa es una de las principales razones para que dos de los mayores sindicatos, la Confederación General del Trabajo (CGT) y Fuerza Obrera (FO), sigan exigiendo la retirada del texto.
La derecha se había mostrado en parte favorable al proyecto de ley cuando se conocieron los primeros elementos hace tres meses, pero ha ido tomando distancias conforme el Ejecutivo hizo concesiones para conseguir el apoyo de los sindicatos reformistas, y en particular de la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT).
Ahora, ninguno de sus diputados está dispuesto a votar un texto que también ha pasado a rechazar la patronal Medef, porque considera que no tiene nada qué ver con la versión inicial que sí apoyó.
Otras claves
Entre otros puntos polémicos, la reforma facilitará los despidos, ya que bastará que una emprese alegue que durante dos o tres meses ha tenido menos pedidos o que tiene problemas de tesorería para poder echar a trabajadores, aunque en ese tiempo no haya tenido pérdidas.
Además, las indemnizaciones por despido pasarán a ser de tres meses de suelo para trabajadores y trabajadoras con una antigüedad inferior a los dos años, y de 15 meses para quienes hayan trabajado más de 20 años en una misma empresa. Hasta ahora, esta indemnización era de 27 meses.
Otro asunto espinoso, la semana laboral de 35 años, uno de los emblemas de la legislación laboral francesa y asunto casi sagrado en el país, puede ser ampliada, ya que la norma establece que será posible trabajar hasta 48 horas semanales (incluso hasta 60 con autorización previa), con la condición de que en la semana siguiente la jornada semanal sea solo de 10 horas. Así, como media, la semana laboral podría ser de 37,5 horas durante tres meses.
El proyecto también permite a la empresa modificar el contrato de trabajo con acuerdo del trabajador, pero sin alterar la remunación, por lo que podría darse que una persona trabaje más pero sin ganar más.
Te puede interesar
La OPEP+ aumenta en 188 000 barriles diarios su oferta de crudo a partir de junio
Todos estos países se han comprometido a "seguir supervisando y evaluando de cerca las condiciones del mercado" y han reafirmado la importancia de "adoptar un enfoque prudente y mantener plena flexibilidad para aumentar, pausar o revertir la eliminación gradual de los ajustes voluntarios de producción", incluidos los acordados hace tres años.
Pensionistas volverán a reclamar el jueves en Vitoria complementar las pensiones mínimas hasta el SMI
Estas movilizaciones tienen como objeto recordar al Gobierno y al Parlamento vascos que "no se puede dilatar por más tiempo compromiso de asumir el complemento a las pensiones mínimas hasta el SMI, más aún cuando estamos asistiendo a un fuerte encarecimiento del coste de la vida", defienden los pensionistas.
La clase trabajadora vasca se echa a la calle en este primero de mayo
Los sindicatos reclaman un SMI propio, salarios y pensiones “dignas” o el derecho a la vivienda. ELA y LAB han salido a la calle en convocatorias separadas, al igual que ESK y LSB-USO; CC. OO. y UGT, por el contrario, se han movilizado conjuntamente.
El secretario general de ELA pide al lehendakari "una posición clara" en relación a un salario mínimo propio
Mitxel Lakuntza se muestra dispuesto a seguir "interpelando y presionando a la patronal" para que se establezca un salario mínimo propio de 1500 euros. Además de defender los derechos sociales, el secretario general del sindicato ELA reivindica también el derecho a vivir y trabajar en euskera.
Las bajas capturas de verdel se amortiguan con una evolución "más favorable" de la costera de la anchoa en Euskadi
Representantes del sector pesquero han mostrado preocupación por la situación del verdel y han planteado la necesidad de medidas de recuperación, mientras destacan el impacto positivo del modelo de gestión aplicado a la anchoa.
Andueza alerta del riesgo para los derechos laborales y critica las exigencias de euskera en las OPE en Euskadi
El líder del PSE-EE afirma que los trabajadores están amenazados por la derecha, las guerras internacionales y las políticas de PNV y EH Bildu en el empleo público.
Comienzan las movilizaciones del 1 de mayo, con el SMI propio, salarios y pensiones “dignas” o el derecho a la vivienda como reivindicaciones prinicipales
ELA y LAB saldrán a la calle en convocatorias separadas, al igual que ESK y LSB-USO; CC. OO. y UGT, por el contrario, se movilizarán conjuntamente. Los partidos políticos enviarán representantes a muchas de estas convocatorias.
El acuerdo UE-Mercosur, en vigor: ¿en qué consiste?
Este 1 de mayo entra en vigor de forma provisional la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), tras más de 25 años de negociaciones de un pacto que abarcará un mercado de alrededor de 720 millones de personas.
Fallece un trabajador en un accidente laboral en una empresa de Zamudio
La víctima, de 61 años, ha fallecido en el lugar pese a la intervención de los servicios sanitarios. El siniestro se ha producido este jueves por la mañana en el polígono Ugaldeguren. ELA ha convocado una concentración de condena para el próximo 5 de mayo.
Un grupo de empleados de Tubos Reunidos plantea un referéndum sobre la huelga indefinida en Amurrio
El comité acordó convocar una huelga indefinida desde el 15 de marzo de 2026, con el apoyo mayoritario de ELA, LAB y ESK, mientras que CC. OO. y UGT se oponen y reclaman someter la decisión a un referéndum entre la plantilla.