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El Gobierno Vasco rechaza que no subir la RGI en un 8% sea un recorte

La consejera de Empleo defiende el planteamiento de incrementar la RGI en base al IPC (1,5%) y desvincular esta prestación del Salario Mínimo Interprofesional (8%).

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha defendido este martes la propuesta del Gobierno vasco de incrementar la  Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en 2017 en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) por "realismo, responsabilidad y sostenibilidad del sistema", y ha asegurado que desvincular esta prestación del Salario Mínimo Interpresional puede ser una "alternativa", decisión que tendrá que "barajar" su Departamento cuando se revise el modelo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera se ha referido a la polémica suscitada después de que el Gobierno vasco haya decidido incluir en la Ley de Presupuestos de Euskadi para 2017 su propuesta para incrementar la RGI un 1,5% (el IPC) y no el 8% con el que el Gobierno central ha incrementado este año el Salario Mínimo Interprofesional, al que está vinculada.

Según ha manifestado, la subida planteada no implica, "en ningún caso, ningún recorte", y garantiza el poder adquisitivo de los alrededor de 64.000 unidades convivenciales de perceptores de la RGI.

Beatriz Artolazabal ha indicado que el Ejecutivo autónomo trata de "armonizar dos objetivos", por una parte, la de garantizar una RGI a todas las personas que la necesitan para "mantener unas condiciones dignas" y, por otra parte, primar las oportunidades de inserción laboral, de manera que este aumento no va a provocar "desigualdades" con personas que estén trabajando.

Según ha manifestado, para responder al primer objetivo, se ha decidido actualizar la RGI "atendiendo al coste de la vida, el IPC". Además, ha añadido que, de cara al segundo objetivo, se van a destinar recursos económicos para favorecer programas de inserción laboral para evitar la cronificación del desempleo.

Artolazabal ha indicado que hay un compromiso del Gobierno Vasco de presentar, en el plazo de cinco meses, al Parlamento vasco una propuesta integral de RGI que "resulte sostenible y eficaz".

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