La Audiencia sobresee la causa penal contra los acusados de la quiebra de Hiriko

La Audiencia Provincial de Álava ha sobreseído la causa penal abierta contra cuatro empresarios, al menos dos de ellos vinculados al PNV, acusados por los delitos de malversación, apropiación indebida y fraude de subvenciones como presuntos responsables del fallido proyecto de coche eléctrico Hiriko.

Según el auto de la Audiencia, que es firme y contra el que no cabe recurso, los investigados ya han sido debidamente sancionados en la jurisdicción mercantil y "no hay bastantes indicios de delito", por lo que se estiman parcialmente los recursos de apelación interpuestos por los abogados de los acusados y se acuerda "el sobreseimiento provisional de la causa”.

Los cuatro administradores de Afypaida, empresa matriz del coche Hiriko, ya fueron declarados culpables a finales de 2017 por un juzgado de lo Mercantil de Vitoria-Gasteiz de la quiebra de la compañía, que recibió 15,7 millones de ayudas públicas. Entre ellos, 14,7 millones corresponden al Ministerio de Ciencia e Innovación.

Los administradores son Jesús Echave, presidente de la sociedad y vinculado al PNV; Iñigo Antia, concejal del PNV en Vitoria entre 2003 y 2008, fecha en la que pasó a formar parte de la Ejecutiva del partido en Álava; el constructor Fernando Achaerandio y el comercial de joyería José Luis Bengoechea.

El juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria-Gasteiz les atribuyó una "imprudencia grave" que agravó la insolvencia de Afypaida y les inhabilitó para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante dos años.

Además, fueron condenados a 535.000 euros de multa al considerar que la quiebra fue culpable por la compra de un coche de carreras "que jamás llegó a ser utilizado como banco de pruebas", como alegaron los acusados.

Una vez concluido el procedimiento mercantil, a mediados del pasado año el juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz dio por concluida la investigación penal contra los cuatro, y pidió que se les juzgase por los delitos de malversación, apropiación indebida y fraude de subvenciones.

Para el fiscal, los acusados, sin ninguna experiencia en la fabricación de automóviles, idearon un plan para apropiarse de fondos públicos con el pretexto de diseñar un coche eléctrico. La Abogacía del Estado, por su parte, reclamó que los acusados devolvieran todas las subvenciones recibidas, pero la juez instructora limitó el desvío de capitales a 6,4 millones de euros.

Los letrados de los acusados presentaron recursos de apelación contra dicho auto. Ahora, la Audiencia de Álava ha determinado que "resulta lógico sospechar de intereses espurios en los investigados, pero el material indiciario es insuficiente para mantener las imputaciones".

La Audiencia argumenta que no sobresee la causa porque el hecho no sea constitutivo de delito, como solicitaban las defensas, sino porque no resulta debidamente justificada la perpetración de delito.