ELA, LAB, pensionistas y agentes sociales convocan huelga general para enero
Los sindicatos ELA y LAB, las asociaciones de pensionistas y el resto de agentes sociales que conforman la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria convocarán huelga general en la segunda quincena de enero —sin fecha concreta aún— contra "la precariedad" y para reclamar "un trabajo, pensiones y vida digna".
En rueda de prensa en Bilbao, los secretarios generales de ELA, Mikel Lakuntza, y la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, junto a asociaciones de pensionistas y de otros colectivos, han advertido de que en la última década se ha producido un "empeoramiento" de las condiciones laborales sociales y de pensiones. Ante ello, "es preciso dar un salto cualitativo en la lucha en favor de unas condiciones de trabajo, unas pensiones y una vida dignas". "Nos une este convencimiento triple", han afirmado.
La huelga general, con la que se busca una "confluencia de las luchas" que actualmente mantienen pensionistas, trabajadores, colectivos feministas y ecologistas, entre otros, supone "un llamamiento a recuperar los derechos laborales y sociales que se han quitado con la excusa de la crisis", ha destacado Lakuntza.
Antes de llegar a la celebración de la huelga general, en los próximos meses, pretenden poner en marcha "una dinámica movilizadora en los centros de trabajo y en la calle".
Según han avanzado, realizarán una concentración ante el Parlamento Vasco el próximo 30 de octubre para exigir la retirada de la ley de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), apoyarán las manifestaciones organizadas por los pensionistas para el 16 de noviembre en Bilbao, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y Pamplona, y llevarán a cabo otras movilizaciones — sin concretar— en diciembre.
Demandas concretas
Sobre si contarán con otros sindicatos para la convocatoria de huelga, el secretario general de ELA ha dicho que "si alguien se quiere sumar, es su decisión", aunque ha puesto de relieve las "diferencias muy notorias" que tienen con UGT y CC.OO., sindicatos de implantación estatal, a los que, entre otros reproches, acusan de haber "permitido la jubilación a los 67 años".
En cuanto a las reivindicaciones que formularán durante la huelga, los convocantes han hecho suyas las demandas del movimiento de pensionistas, como una pensión mínima de 1.080 euros al mes y la revalorización de las pensiones con el IPC.
En materia laboral, reclaman la derogación de las reformas laborales y de pensiones, "acabar con la brecha salarial", un salario mínimo de 1.200 euros y poner fin al "fraude en la contratación".
La mejora de los cuidados a personas dependientes, la no aplicación de recortes en la RGI y medidas en relación con la vivienda y el alquiler social son las reivindicaciones en el ámbito de los derechos sociales.
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