Convocantes del 30E: "No es verdad la falta de competencias que alega Urkullu"
Los sindicatos convocantes de la huelga general del 30 de enero han respondido al lehendakari Iñigo Urkullu que "sí tiene competencias para adoptar medidas concretas para eliminar la precariedad y la temporalidad en su administración, que llega al 40% y está a la cabeza de Europa".
Asimismo, han asegurado que informes jurídicos elaborados por los Parlamentos Vasco y navarro "también reconocen esas competencias para complementar las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros".
En una comparecencia ante los medios en Bilbao, a la que han asistido representantes de ELA, LAB, Steilas y colectivos firmantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, el responsable de ELA, Mikel Noval, ha señalado que "no es verdad la falta de competencias que alega Urkullu para no adoptar medidas concretas para abordar las reivindicaciones recogidas en la convocatoria de huelga del 30 de enero.
En ese sentido, ha afirmado que Urkullu "sí se puede reunir o adoptar esas medidas, lo que pasa es que no quiere; y sí puede reunirse con los convocantes de esta huelga general, lo que pasa es que no quiere porque nunca tiene tiempo para recibir a estos sindicatos".
Igualmente le ha acusado de preferir decir que "todo esto, no va con él, y hacerlo es no ser respetuoso con la realidad".
Por su parte, la representante de LAB, Edurne Larrañaga, ha afirmado que las medidas anunciadas en las últimas semanas por los gobiernos de Madrid, Euskadi y Navarra son "escasas e insuficientes y refuerzan la necesidad de la huelga general del 30 de enero".
En su opinión, "los acontecimientos de las últimas semanas nos ratifican en la pertinencia de convocar esta huelga" cuando, además, han recibido "la negativa de Urkullu, a diferencia de la presidenta navarra, a reunirse con las organizaciones sindicales y sociales que componemos la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, alegando que no tenía competencias sobre las reivindicaciones de esta huelga".
En cuanto al encuentro aceptado por María Chivite, que estaba previsto en principio que tuviera lugar, ha sido cambiado de fecha y trasladado al 4 de febrero, cuatro días después de la celebración de la huelga, un cambio que desde los sindicatos, no han entrado a valorar, aunque preferían que se hubiera celebrado antes de la convocatoria.
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