Stop Desahucios ve "insuficiente" exonerar 2 meses los alquileres públicos

Stop Desahucios ha opinado este miércoles que la medida adoptada por el Gobierno Vasco de exonerar dos meses el pago de alquileres de las viviendas del parque público, pese a ser "urgente y necesaria", es "insuficiente y deberá ser completada con otras" a la salida de la crisis sanitaria.

La plataforma ciudadana ha hecho esta reflexión en un comunicado, en el que no obstante valora la medida adoptada ayer por el Departamento vasco de Vivienda.

Considera, sin embargo, que el reparto del fondo de ayudas de 841 millones de euros para luchar contra la crisis de la pandemia de coronavirus aprobado ayer por el ejecutivo de la CAV, que destina 586 millones a pymes y autónomos, 200 al sistema sanitario y 55 (el 6,5 %, resalta) a colectivos desfavorecidos, "refleja un desequilibrio difícilmente explicable".

Stop Desahucios estima necesario "dotar esta decisión del máximo de alcance y claridad" y por ello anuncia que dirigirá un escrito al Gobierno Vasco para que puntualice o incluya diversas cuestiones que, a su juicio, no quedan claras o resueltas.

Entre ellas, destaca que la exoneración debe incluir tanto el pago de la renta como de los gastos fijos de comunidad y los impuestos básicos.

Considera, además, que el parque público de alquiler protegido al que se refiere la medida debe incluir "todas las viviendas de alquiler social gestionadas por Alokabide y las VPO de alquiler protegido gestionadas por entidades privadas", como Benta Berri en Donostia o Vitalquiler en Vitoria-Gasteiz, entre las muchas que cita.

La plataforma antidesahucios entiende que también estarán incluidas las de gestión municipal, tal como confirmó ayer Etxegintza y confía en que lo hagan las entidades de los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria-Gasteiz.

"Queda aún pendiente la situación de los inquilinos" de los Apartamentos Dotacionales de Alquiler (ADA) "cuyos contratos de cinco años improrrogables han vencido o van a vencer en unos meses", algo que, según Stop Desahucios, ocurre con 79 pisos de Portal de Arriaga en Vitoria-Gasteiz o Sagastialde en Hernani (Gipuzkoa).

En su opinión, a todos los inquilinos en situación de vulnerabilidad, esto es, mayores de 60 años, discapacitados y con menores involucrados, así como "los contemplados en la Ley 1/2013", se les debería "prorrogar excepcionalmente el contrato durante un año o hasta que se les proporcione una alternativa habitacional adecuada".

La plataforma estima finalmente que el ejecutivo de Urkullu "no puede permanecer al margen de la situación de miles de inquilinos cuyos caseros son bancos, 'fondos buitre' o personas jurídicas con más de cinco viviendas".