El Parlamento Vasco da luz verde a la recogida de firmas para una renta básica
La Mesa del Parlamento Vasco ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende crear en la CAV una "renta básica incondicional" que iría de los 270 a los 900 euros, por lo que ahora se abre el plazo para recoger las 10.000 firmas necesarias para su discusión parlamentaria.
La admisión ha contado con el respaldo de un informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara que constata que la iniciativa cumple con los requisitos establecidos, no existe ningún proyecto o proposición de ley con un objetivo idéntico o similar en tramitación en el Parlamento y la ILP no versa sobre ninguna materia excluida para este tipo de iniciativas.
A partir de ahora los promotores de esta ILP tienen un plazo de cuatro meses para recoger las 10.000 firmas necesarias para poder continuar la tramitación de la misma en el Parlamento.
Ese plazo se computará desde el momento en que los promotores reciban la notificación de esta decisión y podría ampliarse por dos meses en caso de "fuerza mayor".
El pasado 18 de febrero una plataforma compuesta por personas que trabajan en el ámbito de la lucha contra la pobreza y la exclusión registraron en el Parlamento esta ILP.
Con ella se pretende regular por ley en la CAV un ingreso individual, universal e incondicional que recibirían todos los ciudadanos, se financiaría con los presupuestos y sería un derecho subjetivo, es decir que como la sanidad y la educación "prevalecería sobre cualquier circunstancia" que pueda afectar a las cuentas.
Este ingreso sería de 900 euros mensuales para las personas mayores de 18 o menores de esa edad emancipadas, de 450 euros (el 50 % de la cantidad inicial) para las de 14 a 18 años no emancipadas y de 270 euros (el 30 %) para las que tengan menos de 14 años.
Esta renta, calculada en función del umbral de pobreza de la CAV, tendría un carácter universal e incondicional, por lo que todas las personas residentes tendrían derecho a percibirla, con independencia de si tienen o no empleo, de con quiénes convivan, de sus otras fuentes de renta o patrimonio y de su estatus administrativo.
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