Condenan a un funcionario vizcaíno a 10 años de prisión por usar datos tributarios en beneficio de su asesoría
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a 10 años y cuatro días de cárcel a un funcionario de la Hacienda Foral de Bizkaia por acceder a datos tributarios de carácter reservado a los que no estaba autorizado para utilizarlos en beneficio de la asesoría de la que era copropietario, y donde él también prestaba servicios de asesoramiento fiscal.
Según el auto dado a conocer este lunes, el tribunal le considera autor de cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y le impone, por cada uno de ellos, dos años, seis meses y un día de prisión, así como una multa de 18 meses y un día con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación absoluta durante 9 años.
También le condena como autor de un delito de actividades prohibidas a funcionario público a una multa de seis meses con una cuota diaria de 10 euros y a la suspensión de empleo o cargo público por dos años.
La Audiencia de Bizkaia estima probado que el procesado, funcionario de la Diputación vizcaína desde 1986, trabajaba en el Departamento de Hacienda y Finanzas en la sección de información tributaria y que, paralelamente, realizaba actividades de asesoramiento fiscal en una asesoría de la que era "copropietario", algo "incompatible" con la función pública que desempeñaba en la Diputación.
Además, "aprovechando" su condición de funcionario de la Hacienda foral, "accedió", al menos de 2017 a 2019, a datos tributarios que le estaban vedados, "al no estar autorizado en atención a su puesto de trabajo", de clientes de la asesoría, así como de otras personas y empresas ajenas pero relacionadas con esos clientes.
"Ello le permitió tener conocimiento de datos tributarios reservados" de esas terceras personas y entidades ajenas y "utilizarlos en beneficio de su propia asesoría y de los clientes de esta, causando un perjuicio a la Diputación Foral de Bizkaia, titular de los ficheros y custodio de su contenido, que vio vulnerado uno de los principales instrumentos de los que dispone para detectar irregularidades en la gestión de los tributos".
Esta sentencia, de 16 de abril, no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
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