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El Parlamento Vasco no tramitará la ILP que pide igualar la pensión mínima al SMI

Uno de los principales motivos del posicionamiento del Gobierno Vasco es que la protección para los perceptores de pensiones ya está integrada en el sistema actual. La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 145 000 firmas.
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Varios pensionistas recogiendo firmas. Foto: Europa Press

El Parlamento Vasco no tramitará la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama la equiparación de las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una iniciativa que cuenta con el respaldo de más de 145 000 firmas.

El Consejo del Gobierno Vasco ha manifestado este martes su criterio desfavorable a la toma en consideración de la ILP, al considerar esta medida "innecesaria y contraria a la coherencia del actual Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión".

Uno de los principales motivos del posicionamiento del Gobierno Vasco es que la protección para los perceptores de pensiones ya está integrada en el sistema actual.

Con este posicionamiento, el Parlamento Vasco rechazará la toma en consideración de la iniciativa y la consiguiente tramitación, ya que los grupos que sustentan al Gobierno, PNV y PSE-EE, tienen mayoría suficiente para respaldar esta decisión en la Cámara.

La ILP demanda la creación de un sistema vasco de complemento de pensiones que garantice que todos los pensionistas mayores de 60 años residentes y empadronados en Euskadi tengan unos ingresos mínimos equivalentes al 100 % del SMI. En 2025 el salario mínimo fijado es de 1184 euros brutos repartidos en 14 pagas.

El Ejecutivo considera que la ILP no se ajusta ni a la normativa vigente ni a los principios de sostenibilidad, equidad y coherencia del modelo vasco de protección social y que la propuesta no cumple los requisitos establecidos en el Reglamento del Parlamento Vasco en relación con las iniciativas que implican un aumento de los créditos presupuestarios.

EH Bildu considera que el criterio del Gobierno Vasco es un “error grave” y “desprecia” a todas las personas que han apoyado la ILP. Asimismo, asegura que ha iniciado el curso político con "un desacierto que contradice ese modelo de gobernanza cooperativa y participativa del que tanto se habla, pero que a la hora de la verdad no se practica".

Por su parte, el sindicato ELA ha calificado de "tomadura de pelo" los motivos de Gobierno Vasco para rechazar la propuesta, entre ellos el que afirma que resulta "innecesaria" ante el actual Sistema Vasco de Garantía de Ingresos. Además, ha apuntado que la iniciativa reduciría la desigualdad de pensiones entre hombres y mujeres.

Modelo propio con rentas dignas

El Gobierno Vasco recuerda que desde 2008 Euskadi dispone de un modelo propio de garantía de ingresos que asegura rentas mínimas "dignas" y contempla medidas específicas para pensionistas.

La Ley de 2022 reforzó estas coberturas y situó las cuantías por encima de los umbrales de pobreza europeos, y reconoció a los pensionistas como colectivo prioritario.

El actual sistema cuenta con medidas específicas, ya que prevé complementos del 40 % sobre la cuantía base, reconoce unidades de convivencia excepcionales y realiza revisiones periódicas para garantizar la adecuación de las cuantías.

Actualmente, un pensionista individual puede alcanzar una renta máxima garantizada de 1080,82 euros mensuales, que aumenta en función del tamaño de la unidad de convivencia, hasta 1535,91 euros, ha recordado el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres.

A su juicio, el actual sistema evita duplicidades y desigualdades frente a la propuesta de la ILP que plantea complementar las pensiones de forma individualizada, sin tener en cuenta los ingresos de la unidad de convivencia, y podría introducir "desigualdades" respecto otros colectivos vulnerables, como personas con discapacidad o trabajadores con bajos ingresos.

Además, el Gobierno Vasco considera que, por la naturaleza de la medida, corresponde al ámbito estatal abordar posibles mejoras generales de pensiones, ya que Euskadi no puede legislar sobre prestaciones complementarias vinculadas directamente al sistema estatal de pensiones contributivas mediante un sistema paralelo que rompería la coherencia del modelo propio (vasco) de protección social.

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