La Fiscalía se opuso ya en enero al registro en Sidenor por la venta de acero a Israel

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso ya en enero al registro en la sede de Sidenor sin antes pedir directamente a los investigados en esta causa, entre ellos su presidente José Antonio Jainaga, que aportaran la documentación relativa a la venta de acero a una empresa armamentística israelí.

El magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, instructor de esta causa, no tuvo en cuenta la posición del Ministerio Público y finalmente autorizó el pasado 9 de febrero la entrada y registro en las instalaciones de esta empresa en Basauri (Bizkaia).

A la Fiscalía de la Audiencia Nacional le fue comunicado ese mismo día el auto en el que se acordaba el registro, sin tiempo para manifestar nuevamente su oposición, y optó por recurrirlo en apelación, por considerarlo desproporcionado.

El juez investiga si Jainaga, recientemente nombrado también presidente de Talgo, y dos directivos de esa empresa incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de genocidio y lesa humanidad por vender partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento".

El procedimiento judicial se inició en octubre, con el visto bueno de la Fiscalía, a raíz de la admisión a trámite de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

Tras tomar declaración en noviembre a los investigados, De Jorge abrió el 8 de enero una pieza separada secreta y dio traslado a la Fiscalía para que informara sobre la procedencia de registrar la sede de Sidenor, para incautarse de la documentación referida al pedido investigado y supuestamente tramitado por la delegación de la empresa en Londres.

El juez no argumenta en su auto que exista peligro de que desaparezca la documentación requerida, ni tiene en cuenta que los tres investigados han manifestado su disposición a colaborar con la investigación, por lo que entiende que previamente debería haberles ofrecido la oportunidad de aportarla de forma voluntaria, como ya planteó la Fiscalía en su informe del 12 de enero.

La Fiscalía no ve apoyo legal a la investigación por genocidio. Además, considera que la investigación se está realizando sin apoyo legal, en lo que se refiere al delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, por lo que todas las diligencias practicadas en lo referido a ese delito deben ser anuladas.

A esto se añade que la Fiscalía tampoco ha interpuesto la pertinente querella por esos delitos de genocidio denunciados al no ver indicio alguno, requisito necesario para poder investigar estos casos según contempla el artículo 23 de Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello, la Fiscalía considera que la investigación de estos hechos se circunscribiría al delito de contrabando y por tanto la orden de registro referida únicamente a ese delito resulta desproporcionada.