Guerra en Ucrania
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La UE decide otorgar protección temporal a los refugiados ucranianos

Sin embargo, la comisaria de Interior, Ylva Johansson, propuso garantizar una protección a todos los desplazados residentes en Ucrania, fueran nacionales o inmigrantes residentes en el país, pero tras las negociaciones la norma establece un trato diferenciado a los no ucranianos.
Un niño y una niña de Ucrania, en un tren polaco.
Un niño y una niña de Ucrania, en un tren polaco. Foto: EFE

Los ministros de Interior de la Unión Europea han logrado este jueves un acuerdo político para conceder de manera automática únicamente a los desplazados de nacionalidad ucraniana una protección temporal que les permita viajar con libertad dentro de la Unión Europea, instalarse en cualquiera de sus estados miembro, buscar empleo y tener acceso a asistencia médica.

"Acuerdo histórico en la reunión de ministros de Interior: La Unión Europea concederá una protección temporal a quienes huyen de la guerra en Ucrania. La UE está unida y es solidaria", ha anunciado el ministro de Interior francés y presidencia de turno de la UE, Gérald Darmanin, en las redes sociales.

La comisaria de Interior, Ylva Johansson, también ha celebrado el acuerdo en un mensaje en Twitter que reproduce las mismas palabras que Darmanin, pero que no detalla el contenido del acuerdo.

Johansson puso sobre la mesa una propuesta para garantizar una protección automática e igual a todos los desplazados residentes en Ucrania, fueran nacionales o inmigrantes residentes en el país, pero tras las negociaciones de este jueves a nivel de ministros y de varios cambios introducidos, la norma establece un trato diferenciado a los no ucranianos, según han informado varias fuentes europeas.

La UE estima que más de 650 000 personas han llegado a la frontera en estos seis días de guerra, pero Bruselas avisa de que el bloque debe prepararse para la llegada de "millones" si continúa la guerra.

De este modo, la protección temporal en toda la UE será automática para todos los ciudadanos de nacionalidad ucraniana y para aquellos apátridas o refugiados que ya tuvieran protección internacional, han explicado las fuentes. Se activará durante un año, prorrogable hasta un máximo de tres.

Sin embargo, los residentes de largo plazo que en la propuesta de Bruselas tenían también acceso a tal protección inmediata quedan fuera de la cobertura automática y será cada Estado miembro quien decida si se la conceden o le asigna un "estatus nacional equivalente".

Por su parte, los migrantes que llevaran menos de cinco años en Ucrania cuando Rusia inició la invasión podrán cruzar a la Unión Europea, pero el Estado miembro que los reciba podrá deportarlos a su país de origen si es de manera "segura y duradera".

Las enmiendas introducidas aclaran que si no se puede garantiza el retorno seguro y a largo plazo del migrante, éste deberá recibir un estatus que le permita continuar en la UE, por ejemplo el de asiliado o protección internacional.

¿Qué les garantiza?

Las personas provenientes de Ucrania ya están exentas de la obligación de visado para viajar a la UE, aunque esta apertura está limitada a 90 días, por lo que la norma les garantizaría una protección a más largo plazo para la libre circulación y otros derechos, como el permiso de trabajo, que no reciben cuando entran en condición de turistas.

El objetivo es evitar el colapso de los sistemas de asilo de los Estados miembro en primera línea de entrada, como Polonia y Hungría, y también favorecer que las personas desplazadas puedan llegar hasta otros países de la UE en donde puedan integrarse más fácilmente, por ejemplo si tienen red familiar. España, Alemania o República Checa ya fueron destinos preferentes en el conflicto de Crimea de 2014.

Este mecanismo les asegura protección inmediata pero no sustituye la protección internacional o estatus de refugiado, más garantista, que podrían solicitar más adelante. No obstante, se prevé que estos procesos se alarguen notablemente porque los sistemas de acogida ya están "sobrepasados".

¿Por cuánto tiempo?

Bruselas plantea activar la protección temporal durante al menos un año. También se contempla la posibilidad de dos prórrogas automáticas de seis meses cada una si la crisis continúa y la opción de mantenerla un año más con el visto bueno de los Veintisiete, sabiendo que el máximo serían tres años.

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