La Corte Penal Internacional ordena el arresto de Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra en Gaza

La Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por la presunta comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado, según ha explicado el tribunal de La Haya en un comunicado.

También ha aprobado la orden de arresto de Mohamed Diab al Masri, conocido como 'Abú Deif', un alto cargo de Hamás considerado jefe de su ala militar, después de que otros dirigentes  señalados previamente, entre ellos Yahya Sinwar e Ismail Haniye hayan sido asesinados en los últimos meses en operaciones israelíes. Israel también declaró muerto a Mohamed Diab al Masri el pasado junio, aunque su fallecimiento nunca ha sido confirmado por Hamás.

La Corte Penal Internacional les considera "responsables penalmente como coautores de los crímenes de guerra de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos".

Además, también se les considera responsables como "superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil" en la Franja de Gaza.

La Fiscalía ya había solicitado el arresto de todos ellos el pasado mes de mayo, y ahora la Corte Penal Internacional ha dado el paso.

Israel tacha la orden de "antisemita"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu ha tildado la orden de arresto de "antisemita" y ha acusado a la corte de La Haya de ser un "organismo político parcial y discriminatorio". Netanyahu ha asegurado que "ninguna decisión antiisraelí impedirá al Estado de Israel defender a sus ciudadanos". Ha remarcado, además, que no cederá ante las presiones y seguirá persiguiendo todos los objetivos que Israel se ha propuesto cuando empezó "su guerra justa contra Hamás y el eje terrorista iraní".

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha tildado de "día oscuro para la justicia y para la humanidad" la decisión de la CPI. "Es una burla al sacrificio de todos aquellos que luchan por la justicia, desde la victoria aliada sobre los nazis hasta hoy", se ha atrevido a aludir en un comunicado oficial.

El titular de Defensa, Israel Katz, también tildó de "vergüenza moral totalmente teñida de antisemitismo" esta medida.

El ministro ultraderechista de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha calificado este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) de "antisemita hasta la médula" y ha asegurado que "la respuesta a las órdenes de detención debe ser la ejecución de la soberanía sobre todos los territorios de Judea y Samaria (Cisjordania), la colonización en todo el país y la ruptura de los vínculos con las autoridades terroristas, incluidas sanciones (contra la Autoridad Nacional Palestina)".  

Reacciones y obligaciones internacionales

Hamás ha celebrado la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) asegurando que "la justicia internacional está con nosotros contra la entidad sionista".

Las órdenes de arresto de Benjamin Netanyahu, y su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant, quedan pendientes ahora de su potencial acatamiento por parte de los Estados miembro de la corte, un aspecto que ha marcado en gran medida las reacciones globales al dictamen.

Los 124 estados miembros de la CPI están obligados por el estatuto fundacional de la corte a arrestar y entregar a cualquier individuo sujeto a una orden de arresto de la CPI si pone un pie en su territorio. Pero el tribunal no tiene medios para ejecutar tal arresto. No tiene fuerza policial, por lo que el arresto de sospechosos debe ser realizado por un estado miembro o un estado cooperador. Las sanciones por no arrestar a alguien a pesar de una orden judicial son poco más que un tirón de orejas diplomático. Ni Estados Unidos, ni Israel son parte de este tribunal, el único que no reconoce la inmunidad de un dirigente.

Sudáfrica, que denunció a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la presunta comisión de genocidio en la Franja de Gaza, ve en las órdenes de arresto un "paso significativo hacia la justicia" dentro del actual contexto de tensiones, por lo que lo ha celebrado. El Gobierno sudafricano "reafirma su compromiso con el Derecho Internacional y urge a todos los Estados parte a actuar conforme a sus obligaciones dentro del Estatuto de Roma". 

Sobre esta misma obligación ha hablado el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, que ha recordado desde Jordania que la orden es "vinculante" para los Veintisiete, en la medida en que todos ellos forman parte del citado Estatuto. "No es una decisión política, es una decisión de un tribunal de justicia internacional y las decisiones de los tribunales tienen que respetarse e implementarse", ha expuesto.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha aplaudido la decisión del CPI, decisión que, según la entidad, "derriba la percepción de que ciertos individuos están por encima de la ley; esto es aún más importante dados los intentos descarados de obstruir el rumbo de la justicia en la corte", ha señalado el director de justicia internacional en HRW, Balkees Jarrah.

Aun así, subraya que la efectividad de la orden es relativa: "Depende de la voluntad de los gobiernos de apoyar la justicia, sin importar dónde se cometieron los abusos ni por parte de quién".