Marine Le Pen, condenada por malversación e inhabilitada para cargo público durante cinco años
El Tribunal Correccional de París ha declarado culpable a la líder de Agrupación Nacional (AN), Marine Le Pen, y a otros ocho eurodiputados de su partido, por malversación en relación al caso de falsos asistentes parlamentarios a través del cual desviaron fondos de la Unión Europea por valor de 2,9 millones de euros.
La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen ha sido condenada este lunes a cuatro años de prisión, dos de ellos firmes que puede cumplir con brazalete electrónico, 100 000 euros de multa y a cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata. La pena pone en jaque su futuro político y su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, para las que aparecía como la principal favorita en los sondeos.
Según ha defendido la presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, "nadie está siendo juzgado por involucrarse en política, esa no es la cuestión. La pregunta era si los contratos se cumplieron o no", ha señalado, dejando como probada la existencia de un "sistema" dentro del partido.
Le Pen ha abandonado, visiblemente enfadada, el Palacio de Justicia tras conocer la inhabilitación inmediata, sin esperar a que el Tribunal anunciara todos los detalles de su pena. Poco después, ha llegado a la sede de su partido sin realizar declaraciones a la nube de periodistas que la esperaban. Su número dos, Jordan Bardella, ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que ha considerado que con esta sentencia "la democracia francesa queda ejecutada".
Los otros ocho antiguos eurodiputados de su partido han recibido distintas penas de prisión, multas y de inhabilitación. Una de las figuras más destacadas del partido, Louis Aliot, alcalde de la ciudad de Perpiñán, la de mayor tamaño gobernada por la extrema derecha, ha sido condenado a tres años de inhabilitación pero sin aplicación inmediata debido a su condición de electo a nivel local.
La sentencia considera que Le Pen heredó en 2009 el "papel central" de su padre Jean-Marie le Pen como instigador del sistema de financiación del partido con el dinero de los asistentes parlamentarios de la Eurocámara y lo ejerció "autoridad y determinación", por lo que le ha impuesto la mayor condena.
La presidenta del tribunal ha justificado la pena por "la gravedad de los hechos" y porque el sistema de financiación ilícita del partido atentó contra la neutralidad democrática, al permitirle concurrir en condiciones ventajosas a las elecciones.
El abogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, ha reconocido estar "muy consternado" por la ejecución provisional de la pena de inhabilitación para un nuevo cargo público y ha anunciado que estudiarán las vías para poder presentar un recurso a la sentencia.
Petición de la Fiscalía
En el juicio, que se celebró en septiembre del pasado año, la Fiscalía solicitó contra la líder del partido Reagrupamiento Nacional cinco años de cárcel, tres de ellos exentos de cumplimiento, dos efectivos aunque no entre rejas, 300 000 euros de multa y cinco años de inhabilitación para cargo público con aplicación inmediata, incluso en el previsible caso de una apelación. "No creo que (los jueces) lleguen tan lejos", aseguraba Le Pen en declaraciones al semanario La Tribune Dimanche publicadas este fin de semana.
Aunque desde el primer día Le Pen se ha negado a considerar este juicio como un proceso político, en los últimos días del mismo sí puso sobre la mesa las implicaciones que puede tener "para la democracia": "Detrás de mi hay once millones de personas que han votado por el movimiento que yo represento. Millones de franceses que se verían privados de su candidata".
Diez años de investigación
La investigación se inició en 2014, cuando el Frente Nacional ganó las Europeas francesas y sentó a 24 parlamentarios en Bruselas y Estrasburgo. Los 24 representantes tenían a su servicio 23 000 mensuales cada uno para contratar asistentes parlamentarios.
Según las casi 2500 pruebas recabadas, ese dinero fue destinado a retribuir a empleados del partido y le permitió superar la difícil situación financiera que le obligó incluso a vender su cuartel general histórico a las afueras de París.
En la cúspide de esa trama estaba, según la Fiscalía, el padre de la actual líder de extrema derecha, Jean-Marie Le Pen —fue diputado europeo durante más de 30 años— aunque su hija Marine prosiguió con el sistema.
Según la acusación, la propia Le Pen utilizó el dinero para pagar el salario de su jefa de gabinete y de su guardaespaldas personal, y se cree que otros muchos de los supuestos asistentes parlamentarios apenas pisaban el Parlamento Europeo.
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