Marine Le Pen, ante la sentencia que amenaza su futuro político
La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen conocerá este lunes la sentencia por presunto desvío de fondos del Parlamento Europeo que perfilará su futuro y que puede acabar con sus ambiciones presidenciales.
Acusada de haber urdido una trama para que los asistentes parlamentarios que destina la Eurocámara a sus parlamentarios trabajaran en realidad para su partido, la Fiscalía solicitó contra ella cinco años de cárcel, tres de ellos exentos de cumplimiento, dos efectivos aunque no entre rejas y 300 000 euros de multa.
Pero, sobre todo, al término de un duro alegato que pedía una pena ejemplar, la Fiscalía incluyó una petición complementaria que se ha convertido en la parte más importante del caso: cinco años de inhabilitación para cargo público con aplicación inmediata, incluso en el previsible caso de una apelación. "No creo que (los jueces) lleguen tan lejos", aseguró Le Pen en declaraciones al semanario La Tribune Dimanche publicadas este fin de semana.
Si el tribunal siguiera el criterio del Ministerio Público, Le Pen vería truncada su cuarta carrera para la presidencia de Francia, con nuevas elecciones previstas para 2027, tras haber alcanzado dos veces la segunda vuelta, siempre en progresión ascendente.
Aunque desde el primer día Le Pen se ha negado a considerar este juicio como un proceso político, en los últimos días del mismo sí puso sobre la mesa las implicaciones que puede tener "para la democracia": "Detrás de mi hay once millones de personas que han votado por el movimiento que yo represento. Millones de franceses que se verían privados de su candidata".
10 años de investigación
La investigación se inició en 2014, cuando el Frente Nacional ganó las Europeas francesas y sentó a 24 parlamentarios en Bruselas y Estrasburgo. Los 24 representantes tenían a su servicio 23 000 mensuales cada uno para contratar asistentes parlamentarios.
Según las casi 2500 pruebas recabadas, ese dinero fue destinado a retribuir a empleados del partido y le permitió superar la difícil situación financiera que le obligó incluso a vender su cuartel general histórico a las afueras de París.
En la cúspide de esa trama estaba, según la Fiscalía, el padre de la actual líder de extrema derecha, Jean-Marie Le Pen —fue diputado europeo durante más de 30 años— aunque su hija Marine prosiguió con el sistema.
Según la acusación, la propia Le Pen utilizó el dinero para pagar el salario de su jefa de gabinete y de su guardaespaldas personal, y se cree que otros muchos de los supuestos asistentes parlamentarios apenas pisaban el Parlamento Europeo.
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