El congreso de Estados Unidos acepta el “gran y hermoso” plan fiscal de Trump

El Congreso de Estados Unidos ha aprobado este jueves una amplia reforma fiscal impulsada por Donald Trump, que representa uno de los mayores recortes de impuestos en la historia reciente del país. El presidente prevé firmar la ley este viernes, la cual también contempla fuertes reducciones en programas sociales y un aumento sustancial del déficit federal en la próxima década.

La medida consolida los recortes fiscales introducidos durante su primer mandato, estableciendo de forma permanente una tasa máxima del 37 % para el impuesto sobre la renta y una deducción estándar anual de 13.000 dólares por contribuyente. Además, incluye un crédito fiscal por hijo de hasta 2.200 dólares, con posibilidad de revisión al alza.

También se eximen, temporalmente, de impuestos federales las propinas y horas extra: los trabajadores del sector servicios podrán deducir hasta 25.000 dólares anuales por propinas y 12.500 dólares por horas extra hasta 2028, una medida presentada por los republicanos como un alivio directo para trabajadores del sector servicios

La ley introduce un nuevo impuesto del 1 % a las remesas enviadas al extranjero en efectivo si no se realizan por vías bancarias o con tarjeta de débito. Se trata de una versión más suave respecto a propuestas anteriores, que planteaban gravámenes del 3,5 % al 5 %.

Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte polémica debido a su impacto previsto en las cuentas públicas. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) los recortes reducirán los ingresos públicos en entre 4 y 5 billones de dólares hasta 2034, lo que podría elevar el déficit federal, que ya ronda los 1,1 billones anuales, hasta los 5 billones en los próximos diez años.

La aprobación de la ley también supone fuertes recortes al gasto social. Programas como Medicaid y el seguro infantil CHIP perderán unos 860.000 millones de dólares en la próxima década. Ayudas alimentarias como SNAP también sufrirán recortes, aunque aún no se han detallado cifras concretas.

En paralelo, se incrementa el gasto en control migratorio, (170.000 millones en cuatro años), 20.000 agentes más para ICE y CBP, la creación de nuevos centros de detención, y la construcción de infraestructura como muros, torres de vigilancia y sistemas de inteligencia artificial. El gasto militar experimentará un repunte histórico: el gasto hacia defensa se eleva en 150.000 millones, parte de los cuales se destinarán al escudo antimisiles conocido como “Cúpula dorada”, un proyecto cuestionado por su alto coste y su potencial para intensificar la carrera armamentística global.