La Policía pondrá el perímetro de seguridad de escraches en cada caso

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negado este miércoles "tajantemente" que su departamento haya ordenado a la Policía que como norma general prohíba los escraches a menos de 300 metros de domicilios de políticos, ya que la distancia de seguridad dependerá de la ubicación exacta de cada vivienda.

"No se ha adoptado ninguna medida que diga que se ha establecido un perímetro de seguridad de 300 metros, eso como ministro lo desmiento", ha recalcado Fernández Díaz en los pasillos del Congreso.

Esta mañana, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha asegurado que el Ministerio del Interior daría instrucciones a la Policía Nacional para proteger a los cargos públicos de los escraches y que se aplicaría "el mismo criterio" que la Ertzaintza, que este lunes prohibió a los activistas antidesahuicios acercarse a menos de 300 metros del despacho de abogados del diputado del PP José Eugenio Azpiroz en Donostia-San Sebastián.

Horas más tarde en el Congreso, el titular de Interior ha explicado que la orden dictada a la Policía es que aplique las "medidas operativas" necesarias para garantizar derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar, pero ha insistido en que en ningún momento se ha marcado una perímetro concreto de seguridad. "En algunos supuestos hablar de 300 metros no tiene ningún sentido, es absurdo (...) En algunos casos serán 300 metros y en otros 30", ha subrayado.

Derecho de reunión

Preguntado si con esta decisión se está vulnerando el derecho fundamental de reunión, el ministro del Interior ha recordado que la ley también obliga a los convocantes a comunicar la concentración a la Delegación del Gobierno, cosa que "en ningún" escrache se ha producido. "La ley de reunión se está violando flagrantemente en todos esos casos", ha advertido Fernández Díaz, que ha añadido que el Gobierno también tiene la obligación de garantizar el derecho a la inviolabilidad del domicilio de cualquier ciudadano, así como el derecho a la intimidad personal y familiar.

El TSJPV analiza las medidas de la Ertzaintza

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha avanzado hoy que este tribunal decidirá "en pocos días" sobre la proporcionalidad de la decisión de la Ertzaintza de limitar los escraches a 300 metros de los domicilios de los afectados.

En declaraciones a Onda Vasca, Ibarra ha incidido en que la cuestión de la medida adoptada por la dirección de la Policía vasca es analizar "si es proporcional" ya que en este caso se trata del "ejercicio de un derecho lícito de reunión y manifestación" y también del "ejercicio lítico de las competencias de la autoridad gubernativa".

Ibarra ha recalcado que se trata de saber "si cabe otra solución que sea de menor distancia" en la que quepa el ejercicio de los dos derechos.

Al respecto, ha explicado que la decisión le corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV y ha asegurado que en cuando se le plantee resolverá "en pocos días", "no sobre la licitud" de la decisión, sino sobre su "equilibrio".

Ibarra ha abundado en que cualquier ciudadano puede promover el derecho de reunión y manifestación, con el único límite explícito de que sea pacífico y que sea comunicado a la autoridad gubernativa, y ha señalado que las personas destinatarias de la protesta tienen derecho a la intimidad y a la integridad moral.

Recurso contra las resoluciones

'Stop Desahucios Gipuzkoa' y 'Stop Desahucios Bizkaia' han registrado hoy ante la Sala de los Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) el recurso contra las resoluciones de la Ertzaintza sobre los 'escraches' convocados ante los domicilios de los diputados populares José Ignacio Azpiroz y Leopoldo Barreda.

La primera de las órdenes se comunicó el mismo lunes, día en que se pretendía desarrollar la protesta ante el despacho de abogados de Azpiroz, que coincide con la dirección de su domicilio. El Departamento de Seguridad impidió a los manifestantes acercarse a menos de 300 metros del lugar establecido.

Además, ante la protesta que 'Stop Desahucios Bizkaia' pretendía celebrar en la calle en la que reside Leopoldo Barreda, en Bilbao, el Departamento que dirige Estafanía Beltrán de Heredia le ha hecho llegar una resolución en la que establece idénticas condiciones para su celebración.

El recurso contra estas resoluciones apela al artículo 21 de la Constitución, en el que se defiende "el derecho de reunión y manifestación". Además, respalda su petición con argumentos recogidos en diversas sentencias "que han permitido concentraciones", en circunstancias como las de jornadas de reflexión".

Así, 'Stop Desahucios Gipuzkoa' ha pedido al TSJPV la nulidad de la resolución de la Ertzaintza, que prohibió un 'escrache' ante el domicilio de Azpiroz y no permitió que se celebrara a menos de 300 metros, por considerar que "vulnera" los derechos de reunión y libertad de expresión.

Además, ha recordado que ambos derechos solo pueden "limitarse" cuando existan "graves alteraciones del orden público", algo que el Gobierno Vasco no "argumenta o prueba" en su notificación.