Caso Nóos
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El juez embarga a Urdangarin la mitad del palacete de Pedralbes

El juez Castro ha citado a declarar como testigos a Francisco Camps y Rita Barberá para el 16 de noviembre.
El Palacete de Pedralbes. Foto: barcelonarent.info
El Palacete de Pedralbes. Foto: barcelonarent.info

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha embargado la mitad del palacete de Pedralbes, propiedad al 50% de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, después de que el Duque de Palma no hiciese frente en su día a la fianza de responsabilidad civil que le impuso el magistrado de forma conjunta y solidaria con su exsocio Diego Torres -por un importe de 8,2 millones al que posteriormente se le descontó el IVA-.

El magistrado ha dictado este lunes un auto mediante el que embarga no solo la mitad del inmueble de Barcelona, sino también parte de otras viviendas que se encuentran a nombre de Urdangarin y que éste ofreció al Juzgado de Instrucción número 3 con el objetivo de cubrir, junto a los bienes correspondientes a Torres, la caución reclamada por el juez, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

En su auto de responsabilidad civil, el juez Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado al Instituto Nóos.

Camps y Barberá, citados como testigos

Por otra parte, el magistrado ha citado a declarar en calidad de testigos, el próximo 16 de noviembre, al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

En su interrogatorio, ambos deberán aclarar su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio y las dos addendas de los Valencia Summit por los que el Instituto Nóos percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos; así como en relación al convenio firmado por 382.203 euros para que la ciudad de Valencia fuera sede de unos Juegos Europeos que nunca llegarían a celebrarse.

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