Accidente laboral
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Diputación de Gipuzkoa, acusación popular en el accidente de Deskarga

Larraitz Ugarte ha señalado que la decisión de la institución foral de apartar a Aballa S.L. "fue acertada" y evitó que otros empleados pusieran en riesgo su integridad.
Accidente en Deskarga
Accidente en Deskarga

La Diputación de Gipuzkoa se personará como acusación popular en el proceso judicial por la muerte de un trabajador en un accidente laboral ocurrido el pasado 18 de septiembre en un tramo en obras en la carretera GI-632, en el alto de Deskarga.

La portavoz foral, Larraitz Ugarte, ha precisado en una rueda de prensa en San Sebastián que la Diputación se personará en el procedimiento abierto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Bergara (Gipuzkoa), en el que se abrieron las diligencias previas a raíz del siniestro.

La Inspección de Trabajo ya anunció la semana pasada que había remitido un informe al Ministerio Fiscal al entender que en este accidente laboral mortal "se aprecian indicios racionales de criminalidad".

El siniestro se produjo en las obras de construcción de la carretera de Deskarga, en la GI-632, entre Antzuola y Bergara, adjudicadas por la Diputación, que decidió como medida cautelar apartar de estos trabajos a la empresa Aballa S.L, a la que pertenecía el trabajador, que había sido subcontratada a su vez por la UTE Lapatza -compuesta por las empresas Moyua y Antzibar-.

El empleado, un joven de 33 años, murió tras precipitarse con el camión articulado que conducía por un terraplén de unos diez metros de altura.

Ugarte ha señalado que la decisión de la institución foral de apartar a Aballa S.L. "fue acertada" y evitó que otros empleados pusieran en riesgo su integridad.

Ha recordado que ésta es la primera obra en la que por contrato se introdujeron unas condiciones sociales y se estableció que la UTE tendría que responder en caso de incumplimiento.

"Tenemos claro que el contratista tiene una responsabilidad por haber subcontratado a esta empresa y por aprobar un plan de seguridad y no garantizar su cumplimiento", ha concluido Ugarte.

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