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El Gobierno Vasco analizará la situación de los inquilinos de Benta Berri antes de otorgarles las viviendas

Desarrollará un proceso de dos años para evaluar la legitimidad de los residentes para seguir con la vivienda basándose en factores como el uso que se le da y su situación económica.
Benta Berri. Foto: EITB

El Gobierno Vasco ha anunciado un proceso para comprobar la legitimidad de los inquilinos de las viviendas protegidas de Benta Berri de San Sebastián.

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana desarrollará ese proceso durante los dos años que viene, hasta noviembre de 2028, fecha en la que en un principio estaba prevista la finalización de los contratos de alquiler si no se hubiera producido la adquisición pública de las viviendas, para “garantizar la función social para la que fueron concebidas y, al mismo tiempo, ofrecer seguridad, certidumbre y estabilidad residencial al mayor número posible de las familias que actualmente viven en ellas”.

El Departamento dirigido por el socialista Denis Itxaso, se ha comprometido a abordar el proceso con “sensibilidad, proporcionalidad y pleno conocimiento de la realidad económica y familiar de quienes residen legítimamente en ellas”.

Este proceso se dividirá en dos fases: una revisión de posibles causas de exclusión y un análisis de ingresos.

En la primera fase, comprobará sobre todo el uso que se le da a la vivienda actualmente, teniendo en cuenta factores como la falta de ocupación como primera vivienda, la titularidad de otra vivienda en propiedad o la utilización indebida (explotación como alojamiento turístico, etc.).

Respecto a este último supuesto, el Departamento ya ha realizado un primer contraste con el registro de viviendas turísticas del Gobierno Vasco, sin que conste ninguna vivienda registrada para ese uso en Benta Berri.

En la segunda fase, no será una “simple” comprobación de ingresos de los inquilinos, sino que se analizarán también factores como la jubilación, la próxima emancipación de hijos cuya renta computa como renta familiar, u otras “transformaciones familiares, laborales o económicas previsibles que puedan modificar sustancialmente la capacidad económica real de los hogares”.

“Se trata, por tanto, de superar una evaluación exclusivamente estática de los ingresos y avanzar hacia un análisis más dinámico, individualizado y realista de las circunstancias de las familias”, subraya el Departamento.

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