Ayudas+Justas registra la iniciativa para restringir la RGI
La Plataforma Ayudas+Justas ha registrado hoy en el Parlamento Vasco la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) apoyada expresamente por el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto (PP), para modificar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y, entre otros puntos, impedir su acceso a inmigrantes irregulares.
Maroto y el parlamentario del PP Iñaki Oyarzábal han recibido en la entrada del Parlamento de Gasteiz a los miembros de esta plataforma que han registrado la ILP, que recoge buena parte de los puntos defendidos por el alcalde para modificar la ley que regula los requisitos de acceso a esta prestación social.
En el texto figura algún cambio con respecto a lo defendido por el alcalde. Por ejemplo, no se recoge exactamente su propuesta de prohibir que los preceptores extranjeros envíen parte de la prestación a su país. En este aspecto la plataforma va más allá y quiere que se prohíba el envío de parte de la ayuda "fuera de la comunidad autónoma".
La plataforma pide que para el acceso a la RGI sea necesaria la residencia legal del solicitante, por lo que quedarían fuera los inmigrantes ilegales, excepto las víctimas de trata de seres humanos o de violencia de género que cuenten con una autorización de residencia o trabajo por circunstancias excepcionales.
Solicita también como requisito el empadronamiento en Euskadi al menos durante cinco años dentro de los diez anteriores al momento de la solicitud. Si no se cumple esto, plantea que baste con un año de empadronamiento antes de la solicitud pero acreditando al menos cinco años de actividad laboral remunerada, "exceptuando a las personas que perciban una pensión pública o hayan sido víctimas de maltrato doméstico".
Reclama que sólo puedan acceder los que tengan la vivienda habitual y otros inmuebles "de escaso valor", y dejar fuera de la ayuda a los que cuenten con antecedentes penales por terrorismo, homicidio, delitos de lesiones o maltrato, contra la libertad sexual, contra el patrimonio o contra la salud pública.
Propone también que los perceptores realicen trabajos en beneficio de la comunidad, con algunas excepciones. Asimismo, solicita incluir un subsidio económico complementario a los pensionistas que no puedan hacer frente a facturas energéticas, aunque no habla de los 50 euros que propone Maroto para estos casos.
Una vez registrada, la iniciativa necesita el respaldo de 30.000 firmas para comenzar su tramitación parlamentaria, aunque será la Mesa del Parlamento quien decide si se tramita o no.
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