Velasco cree que el juicio por la muerte de Ellacuría fue un 'fraude'
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha preguntado al Tribunal Supremo si el juicio celebrado en El Salvador por el asesinato de cinco jesuitas en 1989, entre ellos el vizcaíno Ignacio Ellacuría, fue un "fraude", en vista de los numerosos indicios que apuntan a ello.
El magistrado ha elevado a la sala segunda del Supremo una exposición razonada en la que detalla una serie de argumentos que avalarían que el juicio celebrado en el país centroamericano fue fraudulento e incompleto.
Los hechos ocurrieron cuando un grupo de soldados del Ejército salvadoreño entró en la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador y mató a seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles y uno del país centroamericano.
La justicia salvadoreña celebró un juicio por estos hechos cometidos por miembros del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata, ATLACATL, en ejecución, dice Velasco, "de un plan preconcebido en la sede del Estado Mayor del Ejército y en cumplimiento de las órdenes dadas por sus superiores".
Amenazas, obstáculos y destrucción de pruebas
Según el magistrado, el juicio en ese país fue un fraude porque estuvo "tan influido e intervenido que llegó a resultados de no justicia". En este sentido, enumera una serie de razones por las que considera que fue así, entre ellas que los miembros del jurado, que no realizaron ninguna pregunta durante la vista, declararon haber sido amenazados.
También explica que se destruyeron pruebas "clave" como los libros registro militares de esos días, se obstaculizó la labor del juez porque los testigos militares no acudían a las citaciones, así como el trabajo de los fiscales del caso, que finalmente renunciaron ante las presiones del fiscal general ordenándoles "no impulsar el procedimiento, no informar a la prensa" y prohibiéndoles interrogar a testigos militares importantes.
Otros argumentos para respaldar que el juicio estuvo manipulado es que se denegaron todas las diligencias que pidieron las defensas de las víctimas, hubo una comisión de investigación que no interrogó a militares, "implicados evidentes" en los hechos, y las que sí se hicieron a miembros del Ejército no se pudieron contrastar por parte de observadores internacionales.
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