La Fiscalía pide que el agresor de la hija de Majarenas vuelva a ingresar en prisión

La Fiscalía y la acusación particular han reclamado que el padre de Izar (la hija de la expresa de ETA Sara Majarenas) a la que acuchilló en enero de 2017 en Benifaló (Valencia) cuando la niña tenía dos años, vuelva a ser ingresado en prisión a la espera de ser juzgado por estos hechos.

El Ministerio Público y el letrado Aiert Larrarte, que ejerce la acusación en nombre de Majarenas y su hija, han hecho esta petición durante la vistilla que ha tenido lugar en la Sección Primera de la Audiencia de Valencia para fijar la situación en la que debe permanecer el acusado hasta que tenga lugar la vista oral.

El procesado se encuentra en libertad vigilada desde el 15 de febrero, cuando fue excarcelado por decisión del Juzgado de Instrucción 2 de Picassent, al haber cumplido los dos años de prisión provisional en espera de juicio que fija como máximo la legislación.

Dicho juzgado estableció entonces una serie de medidas cautelares para este hombre, entre ellas, la prohibición de acercarse o permanecer en la CAV, dado que las perjudicadas residen en San Sebastián, y la obligación de llevar una pulsera telemática que emite una alerta si se acerca a menos de 500 metros de ellas.

A pesar de ello, en la vista celebrada hoy, tanto el Ministerio Público como la acusación particular han solicitado el reingreso en prisión del acusado ya que, según Larrarte, en el caso existe un elevado riesgo de fuga, puesto que el procesado es de origen extranjero y no tiene arraigo alguno en nuestro país, circunstancia a la que se suma la elevada petición de pena, en total 30 años de prisión, a la que se enfrenta.

Larrarte ha puesto de manifiesto además la situación de "revictimización" a la que están sometidas Sara Majarenas e Izar por el miedo que padecen al saber que el agresor de la niña está en libertad.

De hecho, familiares de ambas ofrecieron el lunes una rueda de prensa en San Sebastián en la que desvelaron que las medidas cautelares impuestas al agresor conllevan que Majarenas tenga que llevar permanentemente otro dispositivo para estar "todo el tiempo localizada" y cargar su batería cada ocho horas, además de no poder cruzar la frontera entre los Estados español y francés sin avisar, ni salir de la CAV "por miedo".

La pequeña Izar por su parte, que ha cumplido recientemente cinco años, "está también vigilada" y es acompañada por efectivos de la Ertzaintza tanto a la entrada como a la salida del colegio, una ikastola donostiarra.

Por su parte, en la vistilla, la defensa del acusado ha solicitado que su cliente pueda continuar en libertad hasta la celebración del juicio oral.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular reclamarán penas que suman 30 años de cárcel para el procesado como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa contra Izar, con las agravantes de parentesco y de violencia de género, así como de un delito de lesiones psíquicas contra su madre, Sara Majarenas.

El Ministerio Público demanda además que, cuando cumpla la pena, el procesado permanezca siete años en situación de libertad vigilada.

La acusación particular eleva este período hasta los diez años y solicita además que cualquier beneficio penitenciario del que pueda beneficiarse el inculpado durante la condena esté supeditado a la realización de cursos formativos sobre la violencia de género durante su estancia en prisión.