Se agrava la situación de las personas refugiadas en la pandemia de la COVID-19

La pandemia del coronavirus que se originó en la ciudad china de Wuhan el pasado mes de marzo ha afectado a todos los rincones del mundo. Los infectados y los fallecidos a causa de la enfermedad se cuentan por miles en varios países que se han visto obligados a activar el estado de alarma, dejando a la ciudadanía confinada en sus hogares. La situación ha sido todavía más dura para los que ya vivían en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia, entre los que se encuentran las personas refugiadas.

Además de tener que abandonar sus hogares, se han visto obligados a tener que luchar contra la enfermedad sin tener apenas medios para poder protegerse de ella; pero también sin las garantías para cumplir de manera segura las recomendaciones de confinamiento y distanciamiento social establecidas.

Patricia Bárcena, directora de la organización CEAR-Euskadi, ha declarado que durante el confinamiento se paralizó casi totalmente la actividad administrativa. Este hecho, permitió que muchas personas viesen prorrogadas su estancia en las plazas de acogida que gestiona la organización, pero en el momento en que las notificaciones de los expedientes de asilo se han empezado a reactivar, "las personas afectadas, tienen 15 días para salir de los dispositivos de acogida y del programa estatal de asilo, por lo que, de la noche a la mañana, se quedan en una situación de extrema vulnerabilidad".

Ana Elena Altuna, miembro de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak, ha querido subrayar la misma idea. Según ha declarado a eitb.eus, la situación ha beneficiado a algunas de las personas refugiadas, ya que "las que se encontraban ya con el permiso en activo se les ha ampliado el plazo de asilo". "En cambio, para otros la aplicación del estado de alarma ha sido perjudicial, dejándolos sin una vivienda a dónde acudir", ha dicho, teniendo en cuenta que, salvo excepciones, no tienen derecho a prestaciones sociales públicas ni al Ingreso Mínimo Vital, dificultando la oportunidad de preparar una salida social o laboral alternativa.

De hecho, las medidas que adoptaron los gobiernos para frenar el contagio, como el aislamiento social o las restricciones de movilidad, les suponen un desafío. "Las personas refugiadas pasan por diferentes etapas, la primera de ellas es buscarles pisos de acogida", explica Patricia Bárcena. Durante el estado de alarma CEAR-Euskadi ha seguido ayudándoles, "mediante el teletrabajo y de manera presencial", sobre todo con los aspectos más básicos, como es la alimentación. Entre las personas refugiadas acogidas se encuentran las 25 del centro de Tolosa y las más de 90 del de Oñati.

Las personas refugiadas de uno de los centros. Foto: CEAR-Euskadi

Según ha contado a eitb.eus, afortunadamente, "no ha habido ningún caso positivo de COVID-19 entre los acogidos", pero sí que han estado el aislamiento por razones de seguridad.

Aun así, "muchas de las personas refugiadas tienen dificultades para entender las medidas adoptadas (por el idioma, entre otras cosas) para hacer frente a la pandemia", ha manifestado Ana Elena Altuna por su parte.

La miembro de Ongi Etorri Errefuxiatuak ha criticado que las instituciones tendrían que haber hecho “un mayor esfuerzo” para dar a todos la oportunidad de adaptarse a la situación. Ahora, con el fin del estado de alarma el 21 de junio, "se verá cómo evoluciona su situación", concluye Altuna.

La directora de CEAR-Euskadi advierte de que muchos de ellos no van a poder volver a sus países, porque el estado de alarma sigue en activo en algunos casos y por la violencia que sufren en otros. Por ello, pide a las instituciones que se les autorice la residencia, "aunque sea por razones humanitarias".

Este sábado, 20 de junio, se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Con este motivo, se han organizado manifestaciones en Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Pamplona.

Datos de Euskadi

Según el Ministerio de Interior, 4826 personas solicitaron asilo el año pasado en Euskadi; 3395 de ellas en Bizkaia, 891 en Álava y 540 en Gipuzkoa. Se triplica la cifra si la comparamos con la situación de 2018, año en el que se registraron en la Comunidad Autónoma Vasca 1595 solicitudes.

Del total de las peticiones de asilo presentadas en 2019, CEAR-Euskadi acompañó casi la mitad (2328) y las principales nacionalidades solicitantes fueron Venezuela, Nicaragua, Colombia y Honduras, por ese orden. 

La tendencia se mantiene en el 2020. A pesar de que, como consecuencia de la COVID-19, se han cerrado las fronteras y los trámites de asilo se han detenido durante el confinamiento, durante los primeros 5 meses del año se han registrado 1124 solicitudes de asilo en la Comunidad Autónoma Vasca: 688 en Bizkaia, 298 en Álava y 138 en Gipuzkoa.

También se mantiene el perfil de las principales nacionalidades solicitantes, la mayoría procedentes de Latinoamérica y jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. No hay datos desagregados por sexos, pero generalmente los porcentajes son bastante similares, incluso un poco menor el porcentaje de mujeres que de hombres que solicitan asilo.

Situación laboral complicada

Muchas personas solicitantes que se encontraban trabajando cuando comenzó el estado de alarma han perdido sus empleos, sobre todo en el ámbito de servicios y cuidados. La situación de las trabajadoras del hogar es especialmente vulnerable. Se trata de uno de los sectores laborales más desprotegidos y con mayor proporción de trabajadoras extranjeras, muchas en situación irregular, lo que implica también mayor exposición y menores medidas de prevención ante el coronavirus.

Durante el estado de alarma, las dependencias policiales en las que las personas solicitantes de asilo renuevan sus autorizaciones de trabajo han estado cerradas.

Aunque el Gobierno español ha establecido que todas las autorizaciones siguen en vigor durante el estado de alarma, Patricia Bárcena lamenta que hay empresas que estiman que es un riesgo contratar y dar de alta en la Seguridad Social a alguien con su autorización de trabajo pendiente de renovación. "La administración valida los documentos, pero hay riesgo de falsificación y eso genera desconfianza entre los empresarios", explica. Actualmente no cuentan con recursos para mantenerse en estos momentos de recesión.

Las formaciones que estaban recibiendo muchas de las personas que atiende CEAR-Euskadi también se han visto interrumpidas, sobre todo las ocupacionales, ya que no tienen alternativa online y se paralizan, truncándose así sus proyectos profesionales.