La Audiencia de Bizkaia absuelve al diputado de Acción Social y tres trabajadoras por el caso Costumero

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha absuelto al Diputado de Acción Social Sergio Murillo y a las tres funcionarias del servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia, juzgados por los presuntos delitos de prevaricación, maltrato y lesiones psicológicas en relación a una orden foral de 2017 por la que la institución asumía la guarda de la menor, hija de Irune Costumero, y cedía la estancia al padre, sin haberlo consultado con el juez que había dictado un régimen de custodia compartida. Los imputados se enfrentaban a una petición de cinco años y seis meses de cárcel de los que han quedado absueltos. La sentencia absuelve, del mismo modo, a la Diputación Foral como responsable civil subsidiaria.

Irune Costumero denunció a la Diputación por haberle quitado la custodia alegando alegando el falso síndrome SAP, una falsa patología que no está reconocida por ninguna institución médica o psiquiátrica internacional, pero que se aplica en los procesos judiciales y tiene como consecuencia la retirada de custodia de las madres acusándolas de influir en que sus hijos no quieran ver a sus padres.

La niña fue separada de su madre en 2017 y pese a sus esfuerzos, el caso llevaba pendiente de revisión por parte de la justicia desde entonces, tiempo en el que la menor vive con su padre.

En el juicio, celebrado entre los días 7, 8  y 9 del pasado junio, Irune Costumero declaró que los acusados mentían, aseguró que le "arrancaron de manera violenta" a su hija sobre un "inexistente" síndrome, "sin haber preguntado a la niña por qué no quería ir con su padre". Según declaró, la madre salió "huyendo" con su hija tras haber denunciado al padre por malos tratos. Costumero relató, además, que el padre "secuestró" a la niña cuando tenía 21 meses y la mantuvo "en paradero desconocido" durante meses en los que no supo "si estaba viva o muerta" y recordó que Osakidetza inició hasta en tres ocasiones procedimientos de malos tratos del padre contra la menor, "si bien el juez entendió que las lesiones no eran tan graves como para que no volviera con él".

Por la parte de los acusados, el equipo psicosocial que elaboró el informe de la retirada de custodia de su hija a Irune Costumero aseguró en el juicio que la Diputación actuó de oficio "dada la gravedad del caso", considerando "necesaria con carácter urgente la intervención del Servicio de Infancia y Familia de la Diputación Foral de Bizkaia". La valoración del equipo de forenses tuvo lugar en el julio de 2016, cuando los Servicios Sociales de Base de Barakaldo derivan el caso Costumero al Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia, traspaso que tuvo lugar ante una valoración de "riesgo grave de desprotección" y por la "sospecha de maltrato emocional e instrumentalización en conflictos de las figuras parentales".

La Diputación asumió la guarda provisional de la menor en 2017, mediante orden foral, en cumplimiento de prestar "atención inmediata", autorizando la estancia de la menor con el padre y estableciendo un régimen de visitas con la madre.

Según se recogía en el auto de procesamiento, en el proceso judicial se argumentó que Costumero ejercía sobre su hija el llamado "síndrome de alienación parental". La ONU remitió un informe en septiembre de 2020 al Gobierno de España pidiendo explicaciones, pues el informe relataba cómo, tras el acuerdo de una custodia compartida entre Costumero y su expareja acordada por un juzgado en 2013, la denuncia del padre ante los servicios sociales de la Diputación de Bizkaia afirmando que la madre influía en la niña para que no pasase tiempo con él, motivó una actuación de esta institución. Costumero había denunciado a su expareja por malos tratos, pero el caso se cerró con una absolución.

Bizkaia lamenta el "irreparable" daño

La Diputación Foral de Bizkaia ha lamentado el "irreparable" daño personal sufrido por sus cuatro empleados absueltos de los delitos de prevaricación administrativa, malos tratos y lesiones psicológicas, que habían sido acusados por Irene Costumero.

Tras la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Bizkaia, la institución foral vizcaína ha señalado que esta decisión judicial "acredita que los trabajadores del departamento de Acción Social y la propia Diputación Foral de Bizkaia han actuado con el rigor y la profesionalidad que la sociedad exige y espera de la primera institución del territorio".

Además, ha lamentado el "irreparable, innecesario e injusto daño personal que el tratamiento público de este proceso judicial, en algunos ámbitos, ha ocasionado a los implicados y, por extensión, a toda la Diputación Foral de Bizkaia". Por ello, ha pedido una "profunda reflexión colectiva" para evitar situaciones similares en el futuro. "No vale todo", ha aseverado.

Por último, ha agradecido y animado a su plantilla a seguir desempeñando su labor en favor de la sociedad de Bizkaia "con la misma solvencia que hasta ahora" y ha ratificado su compromiso con un futuro "mejor" para todas las personas que viven en Bizkaia.

Irune Costumero, por su parte, ya ha adelatado que recurrirá la absolución decretado por la Audiencia Provincial de Bizkaia del Diputado de Acción Social Sergio Murillo y a las tres funcionarias del servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia.