Denuncian en Bilbao el "maltrato institucional" hacia las personas usuarias de residencias de Bizkaia
La asociación de familiares y usuarios de las residencias de Bizkaia, Babestu, ha denunciado este sábado el "maltrato institucional" y la "discriminación" que, a su juicio, sufren los residentes de los geriátricos del territorio.
En una concentración celebrada en Bilbao frente a la Diputación, la asociación ha trasladado además su apoyo a las trabajadoras de los centros, que han convocado huelga para el 8 de febrero para reclamar la renovación del convenio y mejoras en el servicio.
En este sentido, Babestu ha afirmado que todas las reivindicaciones de las trabajadoras serán positivas para el cuidado de los mayores, ya que lo que están reivindicando son "condiciones dignas" de trabajo. "Nuestros familiares deben estar bien cuidados y les apoyamos porque están en condiciones precarias y con poco personal", han denunciado.
Según han detallado, los residentes son "discriminados" por los protocolos del Gobierno Vasco, ya que pese a tener la pauta completa de vacunación, se ven obligados a realizar cuarentena "de al menos siete días desde el último contacto estrecho con un positivo", algo a lo que no está obligado el resto de la ciudadanía.
Del mismo modo, han criticado que el protocolo determina que los centros deberán mantener la movilidad y promover la socialización de los residentes, aunque solo en el caso de que haya personal suficiente y si la estructura del centro del centro lo permite. De no ser así, "permanecerán en la habitación".
Por ello, han criticado que deba ser "responsabilidad del familiar" el que un residente tenga "movilidad y socialización, cuestión que debería ser responsabilidad de la residencia". "La consecuencia es la vuelta al encierro y aislamiento en las habitaciones, enlazando cuarentenas, pese a no tener síntomas y haber dado negativo en los test", han sostenido.
También han denunciado que en los dos años de pandemia por la covid-19, el número de trabajadoras de los centros sea "igual o inferior" al de 2019, lo que consideran supone un "maltrato institucional" para los mayores.
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