La Comisión Europea vuelve a dar el visto bueno a la actuación del Gobierno Vasco en el vertedero de Zaldibar
La Comisión Europea ha vuelto ha señalar que no se ha detectado ninguna violación de la legislación medioambiental y de salud pública de la UE en el derrumbe del vertedero de Zaldibar en febrero de 2020, en el que murieron sepultados los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Así lo ha señalado la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
"La Comisión Europea ha dicho por segunda vez que el Gobierno Vasco actuó de manera correcta tanto antes como después del accidente", ha dicho Tapia, que no obstante ha recordado que el proceso judicial sigue abierto, y que el procedimiento será largo, ya que, "aún quedan varias cuestiones por tratar".
La petición la trasladó a la Eurocámara Carlos Alonso en nombre de la Asociación Vecinal de San Lorenzo (Ermua), de la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu y de la asociación Ekologistak Martxan Bizkaia para pedir que se investigaran posibles infracciones de la legislación europea en el accidente.
Tras la demanda de Alonso, la Comisión Europea realizó un informe donde concluyó que no hubo infracción de la legislación europea sobre la gestión de residuos y vertederos en este incidente, matizando que la información que manejaba era la facilitada por las propias autoridades.
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, no obstante, decidió mantener abierta la investigación y solicitó más información sobre el desprendimiento a la Comisión Europea. En esta segunda respuesta, la comisión concluye que no ha detectado ninguna violación de la legislación de la UE por parte de las autoridades competentes.
Según la consejera Arantxa Tapia, la Comisión Europea "avala tanto la actuación del Gobierno Vasco en lo que a los permisos administrativos y el control previo al suceso se refiere, además de las posteriores actuaciones" para afrontar la emergencia y evitar daños ambientales.
Según el Gobierno Vasco, la información que ha evaluado la Comisión se basa, tanto en la auditoría externa realizada por la empresa "Ricardo Environment", como en la propia información solicitada por la propia Comisión al Gobierno Vasco.
El proceso judicial está sujeto al secreto de sumario, pero Tapia ha subrayado que en la comunicación de la Comisión se menciona la existencia de un estudio de estabilidad de 2018 que evidenciaba la existencia de problemas en el vertedero y que fue ocultado al Gobierno Vasco. "Ahora, durante el proceso de investigación se ha visto que ese informe existía", ha señalado la consejera.
Preguntada por el direno que debe de pagar la empresa Verter Recycling, en proceso de liquidación desde octubre de 2021, al Gobierno Vasco, Tapia ha señalado que, de momento, "no ha abonado absolutamente nada, y lo que se ha hecho es iniciar el procedimiento correspondiente para devolver la deuda. "Esta en situación de concurso de acredeedores, por lo que ahora es la administración concursal la que tiene que llevar el tema", ha señalado.
Según estudios periciales, el vertedero de Zaldibar, que colapsó el 6 de febrero de 2020 soltando una lengua de medio millón de residuos bajo los que quedaron atrapados dos trabajadores, se derrumbó a causa del deficiente sistema de sellado utilizado.
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