La autopsia evidencia indicios "altamente sospechosos" de criminalidad en el crimen de Castro

El forense del crimen de Castro ha declarado que la autopsia evidencia "muerte sospechosa de criminalidad": "Tenemos la desaparición del 92% de un cuerpo. Aunque no podemos decir la causa de la muerta, es imposible decir que es natural. Es altamente sospechosa de criminalidad".

Según ha podido saber EITB Media, el perito ha declarado que el cráneo hallado "tiene lesiones por detrás, por delante, por la derecha y por la izquierda", y que ello "es indicativo de una lesión típicamente post mortal", que "la víctima está quieta".

La acusada, Carmen Merino, que lleva tres años en prisión provisional y se enfrenta a 25 años de cárcel por el asesinato de Jesús Mari Baranda, tiene ahora 64 años y nació en Sevilla, se trasladó hace años a Castro Urdiales (Cantabria), donde conoció a Jesús Mari, un exempleado de banca que ejerció su oficio en Bilbao, Llodio (Álava) y Balmaseda (Bizkaia).

Tras la desaparición desde el mes de abril de Jesús Mari, en septiembre una amiga de Carmen avisó a la Guardia Civil de que salía un olor muy fuerte de una caja que la mujer había llevado a su casa para que se la guardara.

Esta amiga confesó a los agentes que se acercaron a su domicilio que Carmen Merino le había dicho que en la caja había juguetes sexuales, y que quería sacarlos de su casa porque la Guardia Civil iba a registrarla ante la desaparición de su pareja.

Sin embargo, al abrir los agentes la caja, encontraron en su interior el cráneo del hombre desaparecido desde hacía meses.

Su pareja fue detenida el día después, desde entonces permanece en prisión provisional en la cárcel de El Dueso, en Santoña, y se ha negado en varias ocasiones a declarar ante el juez.

"Movida por un interés económico"

La Fiscalía, que pide 25 años de cárcel para esta acusada, considera que Carmen Merino, "movida por un interés económico", urdió un plan para acabar con la vida del que era su novio.

Añade que planeó el crimen para cometerlo en el interior del domicilio y así evitar la presencia de terceras personas, además de suministrar al hombre un fármaco sedante para adormecer a la víctima.

Asimismo, la Fiscalía pide una indemnización de 20 000 euros por daños morales para cada uno de los cuatro familiares de la víctima (los dos hijos, el hermano y el primo).

La acusación particular, que representa a los dos hijos del hombre, coincide con la Fiscalía en la petición de pena, y en concepto de responsabilidad civil solicita que la acusada indemnice a sus dos representados con 70 000 euros.

La defensa pide la declaración de no culpabilidad de la acusada y su libre absolución, al considerar que no es autora de delito alguno.