Agentes sociales denuncian el "racismo institucional" en los cuerpos policiales tras lo ocurrido en Irun

La ONG SOS Racismo ha denunciado el "racismo institucional" en los cuerpos policiales y considera un "lavado de cara" que se haya abierto expediente al jefe de la brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Irun por la orden que firmaba con "premios por migrante detenido".

En un comunicado, SOS Racismo se ha referido en estos términos al hecho de que la Dirección General de la Policía haya abierto expediente al jefe de la Brigada de Extranjería por firmar una orden que ofrece días libres por migrante detenido en Irun, desactivada horas después por la Jefatura Superior de la Policía Nacional del País Vasco, tras la denuncia del sindicato de la Policía Nacional Jupol, a través de sus redes sociales.

"Cual, si fuera un torneo de caza, Interior establece premios por migrante detenido", ha criticado SOS Racismo, que ha señalado que "no es que resulte algo inédito en la práctica policial". "La prueba es que firma la orden el jefe local de Extranjería de Irun", ha señalado, para añadir que para el Gobierno español "el problema es que se ha hecho público".

"Es por eso que se le ha abierto expediente, lo que no deja de ser un lavado de cara", ha considerado, para añadir, a continuación, que "todos los días, por ejemplo, en la actuación policial en las vallas de Ceuta y Melilla se actúa de una forma, en base a instrucciones en ese sentido y luego, ante la opinión pública, se niegan e inventan versiones edulcoradas sobre la actuación policial".

Irungo Harrera Sarea ha recibido con "estupor y gran preocupación" la noticia sobre los "premios a policías por cazar migrantes" y ha pedido a la Jefatura de Policía que "depure responsabilidades de inmediato y se den todas las dimisiones necesarias" tras lo sucedido.

A su juicio, "la falta de respeto y el pisoteo a los derechos fundamentales de las personas migrantes, a la legalidad vigente en temas de extranjería y a los derechos laborales de la policía es inaudito y perturbador".

En su opinión, con esta propuesta "se legitima el racismo que aún puede quedar en las fuerzas de seguridad y deslegitima los valores democráticos que en principio las rigen,". Por todo ello, Irungo Harrera Sarea ha animado a la ciudadanía a "contestar activamente estas medidas que vacían de contenido las instituciones".

El sindicato LAB también ha denunciado el "racismo institucional" y ha exigido la reapertura de la muga entre Irun y Hendaia, el cese de los controles "por perfil étnico, racial y político" y de las "devoluciones en caliente".

En esa línea, ha considerado que, a pesar de que posteriormente esta orden fue anulada, tras una denuncia, y de que el inspector que la firmó ha sido expedientado, es "denunciable y de extrema gravedad lo sucedido".

El sindicato se niega a aceptar que desde las instituciones públicas, que son las que "deberían ser quienes dan el ejemplo en términos de protección y garantía de derechos fundamentales", sea desde donde "se fomenta y premia el racismo estructural".