La UE aplaza la decisión sobre la oficialidad del euskera, catalán y gallego

Los estados de la Unión Europea han aplazado este martes la decisión sobre la oficialidad del euskera, catalán y gallego, como pidió el Gobierno español, han informado fuentes europeas. "Las discusiones continuarán", ha confirmado la fuente.

Los países de la Unión Europea han examinado este martes por primera vez en el Consejo de Asuntos Generales de la UE la petición española para dar la oficialidad al euskera, catalán y gallego en el bloque comunitario. Solo se podía aprobar con unanimidad, algo que era muy poco probable debido a los interrogantes que varios países ya habían planteado sobre esta cuestión.

De esta manera, los estados se resisten a tomar una decisión sobre la petición española de oficializar el uso del catalán, euskera y gallego hasta que no haya sobre la mesa un dictamen jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias de la medida y un análisis de su impacto económico y práctico en el funcionamiento del bloque.

Así ha quedado patente tras 40 minutos de discusión en la reunión de ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea celebrada en Bruselas y que ha concluido sin que el asunto se sometiera a votación, porque las delegaciones necesitan "más tiempo" para estudiar el asunto, han informado fuentes europeas.

Una veintena de ministros han tomado la palabra para expresar sus dudas y la presidencia de turno que ejerce España ha "tomado nota" de las posiciones de sus socios en la UE y anunciado que el Consejo "retomará el asunto en una reunión futura", sin aclarar los plazos, han señalado las fuentes.

Una vez constatado que los países reclaman más detalles sobre el coste de la medida y su impacto para el presupuesto comunitario, así como el estudio jurídico de su impacto para otras lenguas europeas, le corresponde ahora a la presidencia española preparar los siguientes pasos, tanto derivar la discusión técnica a los grupos de trabajo previstos en el seno del Consejo como encargar la opinión de los juristas de la institución.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha defendido la necesidad de dar carácter oficial en la UE al euskera, el catalán y el gallego porque no son lenguas minoritarias y porque se trata de una demanda que España defiende desde el año 2005.

"No estamos hablando de lenguas minoritarias. Son idiomas que hablan millones de personas, en concreto, les trasladaré (al resto de ministros de la UE), que el catalán es hablado por más de 10 millones de personas, lo cual le sitúa por encima de muchas de las lenguas que en estos momentos son oficiales", ha dicho Albares en declaraciones a la prensa, a su llegada a la reunión.

El jefe de la diplomacia española defendió la medida por la "especificidad del régimen constitucional lingüístico español, que lo hace prácticamente único en el seno de la UE" y porque estos idiomas "se usan dentro del Parlamento español", ha dicho Albares.

El ministro ha señalado que "no se trata de una propuesta nueva o inédita por parte de España", pues ya en 2005 se acordaron "arreglos administrativos" para que estas tres lenguas se puedan usar en la UE. Los consejeros de Cataluña, el País Vasco y Galicia se pueden expresar en sus idiomas cuando vienen al Consejo de la UE a una reunión.

Albares ha manifestado la voluntad del Gobierno español de financiar los costes y también ha dicho que se trata de una propuesta legal conforme al derecho comunitario, ya que el artículo 55.2 del Tratado de Lisboa permite traducir al catalán, al gallego y al euskera esta norma fundamental de la UE.

Tras finalizar la reunión, el ministro de Exteriores español ha asegurado que el Gobierno de Sánchez "ha cumplido con su compromiso" de iniciar el debate en la Unión Europea. "El Gobierno ha cumplido hoy con su compromiso y tal y como pedí por carta el pasado 17 de agosto (...) hoy hemos puesto en marcha aquí en Bruselas la reforma del reglamento número 1 sobre el régimen lingüístico de la UE", ha dicho.

Albares ha explicado tras el encuentro que se ha dado un paso "clave" hacia la modificación del reglamento que contiene las lenguas oficiales de la UE y ha defendido la opción de priorizar la implementación de la oficialidad del catalán antes que la de gallego y euskera una vez haya consenso a Veintisiete para dar luz verde.

Al respecto, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado esta decisión "decepcionante". "No sé si afectará a la investidura negativamente, pero, desde luego, ayudar no va a ayudar en absoluto", ha subrayado Esteban en declaraciones a la prensa en el Congreso.

Esteban ha explicado que "es una mala noticia" y que "en Euskadi no se entiende", porque "el uso, la promoción y la protección de una lengua no se basa o no se debería basar en el número de hablantes, porque si fuera así con el inglés y el chino probablemente ya sobrarían todos los demás".

En la misma línea, EH Bildu ha acusado este martes al Gobierno español de jugar al "tacticismo" al dar prioridad al despliegue del catalán. El europarlamentario abertzale Pernando Barrena ha afirmado, en un comunicado, que la posición del ejecutivo ha causado "sorpresa" en el partido independentista, al tiempo que ha considerado que lograr la oficialidad del euskera en Europa "es una cuestión de voluntad política".

En su opinión, el número de hablantes no puede ser un pretexto para postergar la oficialidad del euskera, ya que actualmente la UE reconoce tres lenguas oficiales con menos implantación: el maltés, el gaélico y el luxemburgués".

Por su parte, el ministro de Asuntos Europeos finlandés, Anders Adlercreutz, ha asegurado en catalán, que "es muy pronto" para que se apruebe la oficialidad. También su colega sueca, Jessika Roswall, ha afirmado que era "demasiado pronto para pronunciarse". Finlandia y Suecia expresaron la pasada semana públicamente sus dudas legales, prácticas y financieras sobre la petición española.

Representantes de países como Croacia o Eslovaquia han reconocido tanto la "sensibilidad" de la propuesta para el Gobierno español como la importancia de "salvaguardar" la riqueza de las identidades culturales europeas, pero han insistido en que una solicitud como la española amerita un estudio de sus consecuencias.

La secretaria de Estado de Asuntos Europeos francesa, Laurence Boone, ha diferenciado entre la Constitución de Francia y el marco jurídico europeo a la hora de afirmar que "nunca tiene miedo" del impacto que la propuesta española pueda tener en su país y se ha mostrado partidaria de ver la manera de "acomodar a España en este asunto".