Bruselas "toma nota", pero todavía no debate sobre la oficialidad del euskera, catalán y gallego en la UE

El Gobierno español ha dedicado, en el Consejo de Asuntos Generales de la UE celebrado el martes, entre cinco y diez minutos este martes a exponer el documento de seis páginas y 16 puntos en el que se señala que "la diversidad lingüística es particularmente relevante en España dado que es un aspecto fundamental" de la "identidad nacional y constitucional" del Estado español.

Tras la exposición, ningún otro Estado ha tomado la palabra, por lo que el asunto no se ha debatido, ha dicho la ministra de Exteriores belga, Hadja Lahbib, en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Hemos tomado nota. No ha habido discusión y veremos qué pasa en el siguiente Consejo de Asuntos Generales", ha afirmado la ministra, sin dar más detalles.

El Gobierno español pidió hace dos semanas incluir este asunto en el orden del día de la reunión que mantuvieron hoy en Bruselas los ministros de Asuntos Europeos, y Bélgica, que este semestre asume la presidenta rotatoria de la UE, aceptó la petición, como suele ser costumbre cada vez que un Estado solicita tratar un tema.

Desde que España pidió el pasado mes de agosto la modificación del reglamento lingüístico de la UE, el Gobierno español ha mantenido contactos informales con los servicios jurídicos del Consejo de la UE, han asegurado distintas fuentes, en los que se ha puesto de manifiesto la disparidad de opiniones entre el Gobierno español y los asesores legales de la institución.

Pero más allá de esos intercambios informales, el Gobierno de España no ha solicitado aún un informe a los servicios jurídicos del Consejo de la UE que avalen la legalidad de la medida. A la espera de ese informe, que aclare las dudas legales que distintos estados europeos tienen sobre la propuesta española, será difícil volver a tratar la cuestión a nivel político, han asegurado fuentes europeas.

Además, más allá de las dudas legales, existen también reticencias políticas, como ha reiterado hoy el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Anders Adlercreutz. El ministro ha asegurado que la "principal preocupación" para su país es la repercusión que podría tener la aprobación de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, ya que en el norte de Finlandia también se habla el sámi, una lengua minoritaria.

La medida requiere unanimidad para salir adelante y ante la falta de consenso, el secretario de Estado español de la UE, Fernando Sampedro, ha asegurado hoy que "si fueran necesarios otros" documentos para convencer a sus socios, el Gobierno los entregará ya que "España no va a abandonar esta reivindicación".

España, por otra parte, se ha comprometido a pagar los costes de la medida, ante las dudas financieras que han presentado varios estados.