Decretan investigar a Juana Rivas por sustracción de menores, mientras se espera la entrega de su hijo el viernes

La Audiencia de Granada ha decretado investigar a Juana Rivas por un posible delito de sustracción de menores, admitiendo en parte un recurso interpuesto por su expareja. Mientras, el hijo mayor de Rivas ha presentado una querella contra su padre y una psicóloga por coacciones a su hermano menor.

Juana Rivas, residente en Maracena (Granada), fue condenada a dos años y medio de cárcel y posteriormente indultada parcialmente, tras ser acusada de sustracción de menores por intentar alejar a sus dos hijos de su exmarido Francesco Arcuri, quien tiene un proceso penal abierto en Italia por presunto maltrato a sus hijos. El pasado martes tenía que entregar a su hijo menor a su padre, que ostenta su custodia, en un punto de encuentro de Granada por orden de un tribunal italiano, pero la entrega se retrasó hasta el viernes, 25 de julio.

Este jueves la Audiencia de Granada ha admitido parcialmente un recurso de Francesco Arcuri contra la decisión del Juzgado de Instrucción 4 de Granada que en mayo archivó su denuncia contra Rivas por sustracción de menores y maltrato en el ámbito familiar. La Audiencia no ha admitido la parte referida al maltrato, pero sí la de sustracción de menores, tras incumplir el regreso del niño tras el receso navideño y ha acordado investigar a Rivas.

Por otra parte, el hijo mayor de Rivas y Arcuri, mayor de edad, ha interpuesto una querella contra su padre y una psicóloga por coacciones a su hermano el pasado martes en el punto de entrega. Alega que su padre instó a la profesional a personarse en la entrega para “doblegar” la voluntad de su hermano con un “durísimo interrogatorio en el que le conminaba a volver con su padre, aunque este había expresado su voluntad de no hacerlo”, generando “ansiedad y desasosiego” en el niño que “llegó a llorar y suplicar que lo dejaran en paz”.

Asimismo, en la querella pide que se tomen de manera urgente medidas cautelares de protección al menor como una orden de alejamiento y la suspensión de la entrega.

En este punto, hace una referencia al relato de “los malos tratos físicos y psíquicos que le infringe su padre”, que se incluyó en una declaración del menor de enero de 2025, y a las declaraciones que ha hecho ante “numerosas autoridades” mostrando “su voluntad de permanecer en Granada con su madre y su hermano”.

No obstante, por el momento, la entrega del menor a su padre está prevista para este viernes. En este sentido, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido a la consejera de Familias e Igualdad de Andalucía, Loles López, que se garantice la integridad física y psicológica del menor. La ministra le expresa su "extrema preocupación por el interés superior del menor" e insta a desplegar todas las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro, respetuoso y protector, centrado en la salud mental y física del menor, y en el pleno respeto a sus derechos.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado como "demoledor y durísimo" el informe de una de las psicólogas que acompañó al menor el martes en el punto de entrega, un informe que se ha trasladado a Fiscalía para que intervenga si lo considera necesario.

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que "el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, va a protegerlo en todo momento, pero no podemos meternos en los cometidos del Poder Judicial, ni se deben convertir los puntos de encuentro en un circo".

Finalmente, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha afirmado que el Gobierno debe garantizar el interés superior del menor y evitar vuelva a Italia con el padre, aplicando excepción del Convenio de la Haya. "El Estado es responsable de lo que le pase a Daniel", ha advertido.