El Gobierno de España quiere garantizar por ley al menos 4 horas de servicio móvil en caso de apagón

Los operadores de telecomunicaciones deberán de garantizar cuatro horas como mínimo de servicio de telefonía móvil al 85 % de la población en caso de apagón, según el real decreto sobre seguridad y resiliencia de las redes, cuyo borrador ha salido este martes a información pública.

En caso de que se apruebe este real decreto, los operadores deberán de garantizar por ley la operatividad de las infraestructuras de "primer nivel" durante al menos 24 horas y de 12 horas en el caso de las de "nivel intermedio", según ha informado este martes el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública.

En el borrador no se precisa cuales son las infraestructuras de primer nivel e intermedio y serán los propios operadores los que las clasifiquen. Los operadores tendrán que realizar un análisis de riesgos y planes específicos en un plan de seguridad que deberán elaborar.

Esta norma afectará también a los operadores de infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de internet que tengan más de medio millón de usuarios o más de 50 millones de ingresos. Este mínimo también afecta a los operadores de telecomunicaciones.

Este proyecto normativo tiene como objetivos reforzar las medidas de seguridad en el sector de telecomunicaciones, evitar o reducir el impacto de los incidentes de seguridad en los usuarios y recuperar las comunicaciones lo antes posible.

La iniciativa se ha puesto en marcha después de diversos incidentes como la covid-19, la erupción volcánica de La Palama, o la DANA de Valencia.

Un aviso después del incidente como máximo una hora después

El proyecto normativo pone también el foco en reforzar la operatividad y continuidad de las comunicaciones de emergencia dirigidas a los centros del 112 y alertas públicas. Estos centros, así como los operadores que les dan conectividad, deben confeccionar y presentar planes de seguridad.

Con el fin de disponer de información fidedigna en el menor tiempo posible, se refuerzan las obligaciones de notificación de incidentes. Así, se prevé que haya una notificación inicial a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones como máximo una hora después de comenzar el suceso, notificaciones intermedias periódicas, una notificación final y un informe detallado posterior que analice las causas, el impacto, las medidas adoptadas y lecciones aprendidas.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales será la autoridad competente para supervisar el cumplimiento de las obligaciones y la coordinación con organismos nacionales, comunidades autónomas y con entidades europeas e internacionales.

El texto prevé la creación de la Mesa de coordinación de seguridad y resiliencia de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, que será un foro de debate e interlocución y permitirá el contacto entre todos los implicados y la realización de simulacros.

La audiencia pública está abierta desde este martes hasta el 8 de enero.