La jueza de El Bocal dice que mantener la pasarela era responsabilidad de Costas e investiga a dos funcionarios de Transición Ecológica

La jueza que instruye la causa por la tragedia de El Bocal del pasado 3 de marzo investigará la posible responsabilidad penal de dos funcionarios de la Demarcación de Costas de Cantabria, al ver “serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela”.

La jueza Rosa Martínez considera que la Demarcación de Costas de Cantabria, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es “la única responsable del mantenimiento” de las unidades de obras ejecutadas dentro del proyecto de la senda peatonal al tratarse de actuaciones “no finalizadas”.  

Explica que las obras iniciadas con el primer proyecto de 2012 se paralizaron porque Demarcación de Costas decidió resolver el contrato con la empresa adjudicataria por "desistimiento" y el segundo proyecto de "finalización" de 2016 ni siquiera llegó a aprobarse, mientras que "el compromiso municipal asumido por el Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaran".

"Son obras no finalizadas ni, por ello, recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, de forma que era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra, entre ellas, la pasarela objeto de autos [la pasarela que colapsó el 3 de marzo], que, como tal, desde el año 2014 se ha hallado en todo momento abierta al público en general sin ningún tipo de restricción", señala la magistrada.

Martínez indica que la Demarcación de Costas “era muy consciente de su deber de conservación y mantenimiento” y relata que tras el informe de un vigilante de Costas al jefe de Servicio de Obras en mayo de 2024 sobre “el mal estado de ciertas maderas”, se llevó a cabo, en julio de 2024 una reparación, el cual se limitó a la estructura de madera, pese a que, según el informe de la Policía Científica, todos los elementos metálicos estaban completamente oxidados.

La jueza pide ahora ampliar el informe pericial para determinar si esa reparación de la pasarela “interviniendo exclusivamente sobre la estructura de madera fue suficiente”, y ordena, para ello investigar al Jefe de la Demarcación de Costas y al jefe del Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación, por si pudieran tener “responsabilidad directa” en los hechos.

El Ayuntamiento debe precintar

La magistrada apunta también al Ayuntamiento, y advierte que aunque el mantenimiento corresponda a Costas, "el Ayuntamiento de Santander ostenta la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público".
   
Así, "detectado un riesgo debe proceder a acotar, señalizar o precintar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra administración, más aún en el supuesto de autos, donde el Ayuntamiento promovía o incluía la zona en rutas turísticas o senderos".

Por ello, "resulta relevante y necesario conocer si, en la fecha del siniestro, el deterioro de la pasarela era visible y en qué grado, es decir, si el riesgo de colapso podía ser perceptible". 

Para clarificar este punto, la jueza ha pedido que se recabe material que pueda mostrar cuál era el estado de la pasarela días o  semanas antes del siniestro, y testimonios de personas que frecuentan la zona.