Tres detenidos, dos en Bizkaia, por explotar a 41 obreros de la construcción en situación irregular
Las víctimas, casi todas en situación irregular, contrajeron deudas de hasta 30 000 euros atraídas por falsas promesas de trabajo. Según ha podido saber EITB, el operativo policial ha incluido registros en los municipios vizcaínos de Zamudio y Barakaldo.
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal dedicada a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en el sector de la construcción, en un operativo denominado “Ambotan-Canapu” que ha localizado a 41 víctimas vulnerables. El entramado tenía su sede económica en Vitoria-Gasteiz y su principal núcleo de actividad en Bizkaia, donde se han llevado a cabo registros en inmuebles de Zamudio y Barakaldo, según ha podido saber EITB. La intervención se ha saldado con tres empresarios detenidos y una cuarta persona investigada.
La investigación arrancó el verano pasado en Álava y Cantabria tras detectarse las sospechas de la Policía Judicial. Las pesquisas apuntaban a presuntos delitos de trata de seres humanos, favorecimiento de la inmigración irregular y vulneración de los derechos de los trabajadores extranjeros. Los agentes identificaron que el principal responsable operaba desde Bizkaia, mientras que la base financiera radicaba en la capital alavesa.
En Vitoria-Gasteiz se centralizaba la logística de los trabajadores: decenas de obreros se concentraban a primera hora del día en distintos puntos de la ciudad, desde donde eran distribuidos en vehículos hacia las distintas obras, recorriendo cientos de kilómetros diarios.
Registro y detenciones
El operativo final, en el que participaron más de 70 agentes de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) del País Vasco, Cantabria y Asturias junto a la Inspección de Trabajo, incluyó tres registros e inspecciones en inmuebles y establecimientos de Álava y Bizkaia.
En estas intervenciones se incautó documentación y material electrónico que ahora analiza la Guardia Civil.
Víctimas vulnerables
Las autoridades han localizado a 41 víctimas (40 de ellas en situación administrativa irregular), quienes habían contraído deudas de hasta 30 000 euros para llegar a España bajo falsas promesas. Para trabajar, la mayoría se veía obligada a utilizar identidades de terceros.
La gravedad de la trama incluye la detección de varios accidentes laborales sufridos por los operarios. Al menos dos de ellos tuvieron que ser trasladados a centros sanitarios y, posteriormente, fueron apartados de la actividad de la empresa para ocultar su situación. La instrucción del caso la dirige actualmente un juzgado de Santander y sigue abierta.
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