El juez archiva el caso del palacete Irurak Bat de Getxo al no apreciar delito urbanístico ni prevaricación

La decisión llega después de que el juez planteara a las partes si debía continuar el procedimiento tras conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre el caso de 'La Aldea' de Neguri, otro inmueble que se encontraba en custodia municipal y que también fue derribado.

Según el magistrado, las conclusiones de esa sentencia son "plenamente trasladables" al caso del Irurak Bat. El TSJPV estableció que la inclusión de un inmueble en el régimen de custodia municipal no implica automáticamente que pase a tener la consideración de bien cultural de protección básica.

El auto señala que la entrada en vigor de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco tampoco produjo esa conversión automática. Por ello, el inmueble mantenía el régimen previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que contemplaba su custodia municipal.

El juez concluye que, en estas circunstancias, "cabía el derribo", tal y como preveía el propio PGOU. Por tanto, desaparece el requisito normativo necesario para apreciar la existencia de un delito urbanístico.

El magistrado reconoce que podrían haberse cometido, en su caso, otras infracciones de carácter administrativo, pero subraya que estas quedarían "fuera de la órbita del derecho penal.

La misma conclusión se aplica a los delitos de prevaricación investigados, ya que, según el auto, estos requieren que la actuación analizada sea contraria a la normativa urbanística.

Por todo ello, el juez considera que los hechos presentan una situación de "atipicidad" y acuerda el sobreseimiento libre y archivo de la causa.

El magistrado también ha declarado improcedente continuar con las diligencias de investigación que estuvieran pendientes. En particular, no autoriza el acceso ni el análisis del contenido de los dispositivos electrónicos incautados durante las entradas y registros practicados en el marco de la investigación.

Los dispositivos deberán permanecer bajo custodia policial, sin acceder a su contenido, y serán devueltos a sus titulares cuando la resolución sea firme.

Contra el auto de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo cabe presentar recurso de reforma ante el propio juzgado y/o recurso subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.

La alcaldesa de Getxo Amaia Agirre ha recibido con satisfacción la resolución judicial. Así, valora especialmente que la resolución acuerde el sobreseimiento libre, y no provisional, de las actuaciones, al concluir el Juzgado que los hechos que dieron lugar a la causa no son constitutivos de delito.

La alcaldesa también ha querido tener una consideración especial hacia las personas que durante todo este tiempo se han visto directamente afectadas por el procedimiento y han tenido que afrontar personalmente las consecuencias de una investigación penal.

El auto puede ser recurrido, por lo que el Ayuntamiento mantendrá el respeto y la prudencia institucional que han guiado su actuación durante todo el procedimiento, tiempo en el que el Ayuntamiento de Getxo ha colaborado con la Justicia y ha facilitado la información y documentación requerida, manteniendo una posición de respeto a la investigación y a la independencia judicial.

La alcaldesa de Getxo comparecerá este sábado en rueda de prensa para realizar una valoración política más amplia de todo lo sucedido durante este proceso y de lo que esta resolución supone.

En este contexto, el PP de Getxo ha anunciado que recurrirá la sentencia al considerar que su contenido “contradice” las conclusiones de los informes técnicos aportados durante el procedimiento. Según la formación, esos informes fueron elaborados por la Diputación Foral de Bizkaia, el Gobierno Vasco y el perito judicial Urko Balziskueta, además de contar con el criterio del Ministerio Fiscal.

El PP sostiene que el fallo judicial no se corresponde con las pruebas y considera que la sentencia relativa a la aldea mencionada no guarda relación con el procedimiento actual. Por ello, la formación ha confirmado su intención de presentar el recurso dentro del plazo establecido, que vence el próximo 9 de septiembre.

EH Bildu Getxo presentará los recursos que procedan, al considerar que la cuestión de fondo sigue abierta y exige esclarecer responsabilidades y garantizar que se cumpla la normativa de protección del patrimonio. "El archivo del expediente no reconstruye el edificio derribado, no devuelve a Getxo un bien patrimonial irrecuperable ni elimina las graves irregularidades que constan documentadas", ha subrayado. 

Así, EH Bildu Getxo señala que el Gobierno municipal todavía "no ha adoptado ninguna medida sancionadora por el derribo de un edificio protegido". En este contexto, según un informe del propio arquitecto municipal, la empresa constructora "podría obtener un beneficio económico de 732 506,26 euros con el derribo", aunque su materialización depende todavía de que se autorice la construcción de las viviendas proyectadas.

EH Bildu Getxo denuncia, además, que "no se respetó el procedimiento previsto en la normativa municipal de protección del patrimonio", al no abrirse el periodo de información pública de 20 días para que la ciudadanía pudiera presentar alegaciones. Para EH Bildu, "Getxo merece instituciones transparentes, procedimientos rigurosos y un Gobierno municipal que responda por sus decisiones".

Por su parte, Podemos Getxo ha subrayado que se trata de una resolución provisional y recurrible. Además, ha criticado que la sentencia no entra a valorar en detalle la gestión municipal del expediente.

A su juicio, evidencia la "desprotección del patrimonio" por parte del PNV y del Gobierno municipal "en beneficio de promotores inmobiliarios". Irurak Bat se suma así a otros elementos patrimoniales perdidos en Getxo. Por ello, reclama al Gobierno municipal que "tramite sus competencias con rigor, sin clientelismos ni irregularidades".

El presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola, ha valorado positivamente la sentencia, al considerar que pone fin a una etapa "dolorosa e injusta" para las personas afectadas. Ansola ha destacado el respeto del PNV hacia la Justicia y ha defendido en todo momento la presunción de inocencia de las personas implicadas.

Ansola considera también impropia de representantes políticos la actitud mantenida por el PP y EH Bildu: “Han condenado y lapidado injustamente a tres personas, con el único objetivo de desgastar al PNV".

Asimismo, ha señalado que el cierre de la causa es una "buena noticia" para quienes han soportado durante meses sus consecuencias personales, políticas y mediáticas, y ha puesto en valor la responsabilidad mostrada por las personas afectadas. Ansola considera, además, que el sobreseimiento debe servir para reflexionar sobre la utilización política de los procedimientos judiciales.

Con todo ello, el PNV de Getxo ve "imprescindible una reparación pública por todo el daño causado durante este tiempo a todas las personas que se han visto afectadas por este procedimiento". La formación ha hecho especial hincapié en los concejales que abandonaron sus actas en el Ayuntamiento de Getxo y los trabajadores municipales como consecuencia de la situación generada durante el proceso.

En un comunicado, las Organizaciones Municipales de Algorta, Ondarreta y Getxo Zaharra han subrayado que el auto judicial determina que el inmueble no tenía la consideración de bien cultural de protección básica y que, por tanto, su derribo podía permitirse conforme a la normativa urbanística aplicable en el momento de los hechos.

Los jeltzales han considerado que la resolución tiene "una enorme importancia" tanto para las personas investigadas como para el Ayuntamiento de Getxo y han rechazado que se pueda seguir cuestionando el alcance del auto. "El auto es claro: Irurak Bat no estaba sujeto a una protección patrimonial que impidiera su demolición, su derribo podía permitirse conforme a la normativa aplicable y los hechos investigados no son constitutivos de delito", han apuntado.