DOCUMENTACIÓN: El proceso contra Egunkaria

Todo comenzó hace ya siete años. En la madrugada del 3 de febrero de 2003 la Guardia Civil clausuró Euskaldunon Egunkaria, diario editado íntegramente en euskera, y procedió a la detención y posterior incomunicación de diez personas: Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Txema Auzmendi, Martxelo Otamendi, Pello Zubiria, Xabier Oleaga, Xabier Alegria, Fermin Lazkano, Inma Gomilla y Luis Goia quién falleció en 2006.

La operación fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, que argumentaba que Egunkaria formaba parte de un conglomerado empresarial controlado por ETA.

El 4 de noviembre de 2004 el juez Del Olmo dio a conocer su auto contra Egunkaria y procesó a ocho personas: Torrealdai, Uria, Auzmendi, Otamendi, Zubiria, Oleaga, Alegria y Joxemi Zumalabe (este último a pesar de estar fallecido). El 25 de diciembre rectificó el procesamiento de Joxemi Zumalabe.

Otra de la fechas más destacadas de este proceso judicial es el 15 de diciembre de 2006 ya que fue entonces cuando el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Angel Carballo, determinó que no había fundamentos para continuar con el caso y pidió el sobreseimiento del mismo. Sin embargo, seis meses después, el 10 de mayo de 2007, la Audiencia Nacional anunció que habría juicio oral.

En la última sesión sobre la clausura de Egunkaria, el 23 de junio de 2009, el fiscal Carballo ratificó su petición de archivar el caso; la defensa de los imputados hizo lo propio, pero las asociaciones AVT y Dignidad y Justicia, que ejercía de acusación popular, demandaron la apertura del juicio.

Penas de prisión

La Sala 2ª de lo Penal de la Audiencia Nacional concluyó que el juicio debía celebrarse y finalmente los imputados fueron cinco personas: Joan Mari Torrealdai, ex presidente del Consejo de Administración de Egunkaria; Iñaki Uria, ex consejero delegado; Txema Auzmendi, ex secretario del Consejo de Administración; Martxelo Otamendi, ex director; y Xabier Oleaga, ex subdirector de Egunkaria.

Torrealdai, Uria, Auzmendi y Otamendi se enfrentan a una petición de 14 años de cárcel y 15 de inhabilitación; para Oleaga piden 12 años de prisión y 14 de inhabilitación.

El juicio

El 15 de diciembre de 2009 se llevó a cabo la primera sesión del juicio. Los imputados volvieron a subrayar que el medio que dirigían no tenía ninguna relación con ETA.

El fiscal Miguel Ángel Carballo rechazó realizar pregunta alguna, ya que en su día pidió el archivo del caso debido a la falta de pruebas.

En nuevas sesiones, declararon en calidad de testigos los guardia civiles que participaron en el cierre de Egunkaria. El guardia civil que dirigió la investigación que culminó en la clausura del periódico Egunkaria afirmó que hallaron indicios "evidentes" de vinculaciones entre el rotativo y ETA, aunque no presentó ninguna prueba.

El 12 de enero de 2010 declararon Jose Luis Alvarez Santacristina Txelis, Jose Mari Dorronsoro y Carmen Gisasola que negaron con rotundidad que ETA participara en la creación de Egunkaria. En ese sentido, el ex dirigente de ETA, Txelis, señaló que "es literalmente falso que ETA haya promovido ningún tipo de periódico".

Durante el juicio la defensa también denunció los numerosos errores que se podían apreciar en las traducciones de los documentos hallados a los imputados.

En la última sesión tanto la defensa y como la Fiscalía pidieron la absolución argumentando que no había indicios de delito. Sin embargo, la acusación popular ejercida por las asociaciones AVT y Dignidad y Justicia se reafirmaron en pedir penas de 12 y 14 años de prisión contra los imputados.

''Doctrina Botín''

Teniendo en cuenta la denominada ''doctrina Botín'', una de las preguntas que generó este proceso fue si podía celebrarse el juicio teniendo en cuenta que el fiscal pidió el sobreseimiento del caso, que no había acusación particular y que sólo la acusación popular demandaba el comienzo del juicio oral.

Tal y como ocurre en el caso Egunkaria, en el proceso judicial contra el ex presidente del Banco Santander, Emilio Botín, no hubo acusación particular (interpuesta por alguien perjudicado por el delito o los hechos enjuiciados) y la fiscalía no halló fundamentos suficientes para solicitar la apertura del juicio. Así, el Tribunal Supremo decidió archivar el caso, argumentando que sólo con la acusación popular un caso no puede llevarse a juicio.

La diferencia radica en que el caso Botín se tramitó por el procedimiento abreviado y el caso Egunkaria lleva a cabo por el procedimiento ordinario. Según el Tribunal Supremo, la ''doctrina Botín'' sólo es aplicable en sumarios tramitados por el procedimiento abreviado.

No obstante, en el caso Atutxa se llegó a celebrar el juicio, a pesar de que fue tramitado por el procedimiento abreviado y a pesar de que no hubo ni acusación particular ni acusación de la fiscalía.

La causa económica

Por otro lado, además del sumario sobre el cierre del diario editado en euskera, también se abrió una causa económica. En este sumario los imputados son Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Txema Auzmendi, José Mari Sors, Ainoa Albisu, Mikel Sorozabal, Begoña Zubelzu y Fernando Furundarena.

Los ocho imputados están acusados de falsificar cuentas y defraudar a Hacienda. Todos ellos se enfrentan a penas de prisión que oscilan entre los 13 y 26 años. Además, pueden ser condenados a pagar multas de entre 21 y 33 millones de euros. Todavía no hay fecha para el inicio del juicio.

Testimonios de tortura y solidaridad

Por otro lado, cabe destacar que más de la mitad de los arrestados en la operación policial contra Egunkaria denunciaron haber sido torturados. Una de las denuncias fue interpuesta por Martxelo Otamendi, aunque ésta fue archivada sin ninguna consecuencia.

Durante todos estos años los imputados de Egunkaria han recibido numerosas muestras de apoyo y cariño. Han sido muchas las declaraciones institucionales, las manifestaciones multitudinarias y los actos de solidaridad.