Interior: 'Si ETA desaparece, los presos podrán acogerse a beneficios'

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su homólogo vasco, Rodolfo Ares, han coincidido en afirmar que, aunque no existe ya extorsión de ETA al empresariado, sí ha habido "gente del entorno de la banda que ha recaudado dinero para los presos entre los comerciantes. Además, Fernández ha afirmado que si ETA deja de existir, los presos "serán libres de poder acogerse a los beneficios penitenciarios".

Al término de la reunión mantenida este martes en Leioa (Bizkaia), el ministro del Interior ha puntualizado en "ningún momento" ha hablado de extorsión de ETA y en sus declaraciones de este pasado lunes se refería a "cuestaciones navideñas, si se puede decir así" que han realizado personas "del entorno" de la banda con el objetivo de recaudar dinero para los presos. "El hábito no hace al monje, pero ayuda a identificarle", ha dicho.

Por su parte, Ares ha insistido en que se ha constatado que "ha desaparecido el chantaje a los empresarios" pero "hay que gente que puede estar pidiendo dinero para ayudar a presos de ETA". "Repudiamos este hecho", ha señalado.

Política penitenciaria

Preguntado sobre la opinión que le merece una mayor flexibilidad de la política penitenciaria, petición que le ha trasladado el consejero, el ministro ha respondido que "el mayor enemigo de los presos vascos es la organización terrorista ETA".

"Si ETA deja no sólo de actuar, sino que desaparece, los presos serán libres de poderse acoger a los beneficios penitenciarios", ha garantizado Jorge Fernández.

'Estructura en la clandestinidad'

Por otro lado, Fernández Díaz, ha asegurado que existen "movimientos" en ETA para "mantener una estructura larvada en la clandestinidad". "ETA no ha desaparecido" porque "hay determinados movimientos e iniciativas que tienen por objetivo mantener una estructura larvada en la clandestinidad", ha explicado.

El ministro ha dicho tener constancia, gracias a la colaboración francesa, de que activistas de ETA "tienen armas y explosivos" por lo que "el Estado de Derecho va a seguir actuando contra los terroristas". Además, ha garantizado que el Gobierno de España y el vasco serán "un solo brazo" contra "los violentos".

No obstante, y ante la decisión de ETA de dejar de actuar de forma definitiva, se procederá a una paulatina retirada de la escolta a los colectivos amenazados. Esta decisión, sin embargo, podrá ser "reversible" en función de las circunstancias.

Proyecto de centro memorial de víctimas del terrorismo

Ambos

Durante la firma del documento, que se ha producido en el Palacio de Artaza, Fernández Díaz ha precisado que los Ejecutivos no están "en la equidistancia" o en la "equiparación de víctimas" y que, por lo tanto, este centro, que estará ubicado en Euskadi, acogerá la memoria de los damnificados que contempla la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo del 22 de septiembre de 2011 aprobada en las Cortes Generales.

El protocolo de colaboración afirma que, "en Euskadi y en el resto de España, fruto de la acción del Estado de Derecho, de la acción policial y judicial, de la colaboración internacional, de la resistencia cívica y de la deslegitimación ética, política y social del terrorismo", se está, en estos momentos, "poniendo fin al ciclo terrorista".

futuro con memoria, dignidad y justicia".

Una hora y media de reunión

Los responsables de Interior de los Gobiernos central y vasco han prolongado su primer encuentro oficial para analizar la política antiterrorista, entre otros asuntos, por espacio de hora y media.

Fernández y Ares han intercambiado impresiones durante media hora, antes de abrir el encuentro al resto de responsables de sus respectivos departamentos, presentes en el Palacio Artaza de Leioa (Bizkaia), donde se ha desarrollado la cita.

Fernández, ha llegado a Leioa acompañado del secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, así como el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y ha sido recibido por el consejero de Interior, el viceconsejero de Seguridad, Miguel Buen, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo.