Acusados de D3M y Askatasuna niegan colaboración o pertenencia a ETA

Los 13 acusados de Askatasuna y Demokrazia Hiru Milioi (D3M) han negado hoy las acusaciones de pertenencia o colaboración con ETA durante la primera jornada del juicio contra estas dos plataformas en la Audiencia Nacional de Madrid.

En concreto, los 13 acusados de D3M y Askatasuna han negado hoy haber actuado bajo las órdenes de ETA. Algunos han justificado su apoyo a las candidaturas en el "vacío de representatividad" que un sector de la ciudadanía vasca tenía en sus instituciones. Todos ellos, se han negado a responder a las cuestiones formuladas por el Ministerio Fiscal.

A preguntas de sus abogados Jone Goirizelaia y Kepa Landa, han indicado que no mantienen ningún tipo de vínculo con EKIN, ni con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). Algunos han añadido que participaron en distintas listas electorales "legales".

Declaración de Lasheras y Urkaregi

La primera en comparecer ante el tribunal, presidido por la magistrada Manuela Fernández de Prado, ha sido la portavoz de D3M Amparo Las Heras que ha explicado que se unió a la candidatura porque consideraba que existía "un vacío de cierta opción política" en el Parlamento vasco y estaba amparada por el ejercicio del derecho a la participación política.

Las Heras, que fue cabeza de lista en lava en los comicios vascos de marzo de 2009, ha explicado que la marca electoral no realizó ninguna actividad tras su ilegalización ya que tenía "un objetivo

electoral".

Lasheras también ha subrayado que no fue ETA quien ordenó crear D3M y ha añadido que los trabajos que desempeñó la plataforma fueron públicos.

Por su parte, Arantza Urkaregui ha aseverado que no formó parte de la plataforma D3M aunque sí firmó el aval para la candidatura en una notaría de Deusto. Anteriormente, trabajó en la asociación Herria Aurrera y fue concejal de EH en el Ayuntamiento de Bilbao. Eso sí, ha asegurado que nunca ha estado "al servicio" de ETA ni de su aparato político. Urkaregi ha insistido en que desempeñó una tarea "política".

Fernando Antia también ha admitido que se unió como promotor y representante de D3M ante el "vacío de representatividad" en las instituciones vascas que había llevado al "ostracismo" a una opción política.

Apoyo de Amaiur

Representantes de las cuatro formaciones que integran Amaiur han apoyado a los trece miembros de Askatasuna y Demokrazia 3 Milioi (D3M) que hoy comienzan a ser juzgados y han dicho que este proceso es parte de los "últimos coletazos" para evitar la entrada en un nuevo escenario político en el País Vasco.

Así lo han manifestado antes de comenzar el juicio, en el que la Fiscalía pedirá penas de entre 7 y 9 años de cárcel por un delito de pertenencia o colaboración con ETA para los trece acusados, el

dirigente de la izquierda abertzale Pernando Barrena; el secretario general de Eusko Alkartasuna (EA), Pello Urizar; el portavoz de Alternatiba, Oskar Matute; y el miembro de Aralar Jon Salaberria.

"Entendemos que son los últimos coletazos por evitar la entrada de un nuevo escenario y tenemos claro que la sociedad vasca se está comprometiendo para que sea una realidad cuanto antes efectiva", ha considerado Urizar, que ha subrayado que el "único" delito que han cometido los procesados es promover unas plataformas electorales porque "se han comprometido personalmente por entrar en un nuevo tiempo".

Arranca el juicio

La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar hoy a 13 miembros de Askatasuna y Demokrazia 3 Milioi (D3M), ilegalizadas por el Tribunal Supremo y el Constitucional, para los que la Fiscalía pide penas de entre 7 y 9 años de cárcel por un delito de pertenencia o colaboración con ETA.

El fiscal Vicente González Mota acusa a la portavoz de D3M, que fue cabeza de lista en Araba en las elecciones vascas de 2009, Amparo Lasheras, así como a Arantza Urkaregi, Elisabeth Zubiaga, Iker Rodrigo, Imanol Nieto, Agurtzane Solabarrieta, Hodei Egaña, Unai Berrostegieta y Zuriñe Zorrozua de integración en banda terrorista, y pide para cada uno 9 años de cárcel.

Al presidente de Askatasuna, José Antonio Munduate, su secretario Xabier Isasa, el representante legal de D3M ante la Junta Electoral de Araba, Fernando Antia, y Aitor Liguerzana, el Ministerio Público les imputa un delito de colaboración con banda armada para los que solicita siete años de cárcel.

Según el fiscal, a raíz de la disolución en 2003 de las ilegalizadas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna "se desarrolló una estrategia sucesoria de actividades" a través de nuevos partidos o agrupaciones de electores "creados y utilizados con la exclusiva finalidad de eludir con fraude de ley la eficacia de las decisiones judiciales y desarrollar el proyecto terrorista".