La defensa de Otegi se acogerá a los criterios del TC sobre Sortu

La legalización de Sortu por parte del Tribunal Constitucional ha abierto el debate sobre la permanencia de Arnaldo Otegi en prisión.

La clase política vasca ha recordado que la decisión del Alto Tribunal ha causado una paradoja jurídica: la formación de la izquierda abertzale ha sido legalizada, pero los dirigentes que diseñaron los cimientos del proyecto, entre ellos el propio Otegi y el ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga, fueron condenados.

En septiembre de 2011, la Audiencia Nacional condenó a 10 años de cárcel a Otegi y Díez, y a ocho años a Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto, por pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente, en el marco del caso Bateragune.

El tribunal argumentó entonces que los condenados pretendieron reconstruir la estructura de la ilegalizada Batasuna y diseñar "una estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas" siguiendo instrucciones de ETA.

El Tribunal Supremo decidió ocho meses después mantener en prisión a Otegi, aunque le rebajó ligeramente la condena, al no considerarle dirigente de ETA, sino integrante.

Durante el juicio del caso Bateragune, Arnaldo Otegi escenificó su distanciamiento de la violencia con afirmaciones como "la violencia de ETA sobra y estorba" y "la utilización de la violencia, lejos de solucionar los problemas, los enquista y los hace todavía más difíciles", pero la Audiencia Nacional estimó que los imputados no habían condenado explícitamente la violencia ni habían roto con ETA.

Diferente valoración ha realizado ahora el Constitucional, al considerar que el rechazo a la violencia de la izquierda abertzale recogido en los estatutos de Sortu es "inequívoco".

Según Iñigo Iruin, abogado de la izquierda abertzale y autor de los estatutos de Sortu, varios de los documentos que sustentan la condena de Bateragune se han utilizado también en los procesos de legalización de Bildu y Sortu, "sin que el TC les haya dado valor suficiente para que se declare esa ilegalización".

"Lo que es inválido, lo que carece de entidad para anular una candidatura o para ilegalizar un partido político, no puede sostener, en ningún caso, una condena penal por un delito de integración en organización terrorista", ha señalado.

Con los nuevos criterios del Constitucional en la mano, las defensas de los condenados en el caso Bateragune presentarán entre hoy y mañana los recursos contra la sentencia.

POSICIONES DE LOS PARTIDOS

Ratificada la legalización de Sortu, la mayoría de los partidos vascos se han mostrado favorables a la excarcelación de Otegi.

Así, Joseba Egibar (PNV) ha considerado "absurdo" que siga en prisión y que "difícilmente" se puede sostener que sigan encarceladas las personas que estaban impulsando una línea política y estratégica de desaparición de la violencia de ETA.

En la misma línea se ha manifestado el portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, quien ha reconocido que "es evidente" que la legalización de Sortu "plantea algún tipo de contradicción" con la permanencia en la cárcel de Otegi

Más explícitamente, el portavoz de Bildu, Pello Urizar; y el parlamentario de Aralar, Dani Maeztu; han reclamado que se libere al exportavoz de Batasuna.

En el otro lado de la balanza se encuentran el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien ha advertido de que la izquierda abertzale es "legal, pero no demócrata", y el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, quien ayer recordó que la antigua Batasuna "no ha condenado a ETA, no ha exigido a la banda que se disuelva ni desaparezca, no ha reconocido el daño causado y no ha pedido perdón".

La 'patata caliente' está, una vez más, en manos del Tribunal Constitucional.